Pese a la persistente oposición de la población local, Southern Copper Corporation continúa adelante con el proyecto Tía María, ubicado en la provincia de Islay, región Arequipa. En su más reciente informe de resultados del tercer trimestre de 2025, la compañía de capitales mexicanos reportó un avance físico del 23% en las obras y la generación de más de 2.100 empleos, de los cuales 809 corresponden a trabajadores locales.
Durante la fase de construcción, Southern proyecta emplear hasta 3.500 personas de Islay, y hacia 2027, cuando se prevé el inicio de operaciones, la mina generará 764 empleos directos y 5.900 indirectos. En los próximos meses, las actividades estarán centradas en la instalación de un campamento temporal, el movimiento de tierras masivas y la apertura de minas. Según el reporte, el proyecto cuenta con un presupuesto total de US$1.802 millones.
“Tía María generará ingresos significativos para la región Arequipa desde el primer día de sus operaciones. Al precio actual del cobre, esperamos exportar US$18.200 millones y contribuir con US$3.800 millones en impuestos y regalías durante los primeros 20 años”, señaló la empresa en su comunicado oficial.
Mientras tanto, una delegación de defensores ambientales del Valle de Tambo, acompañada por organizaciones de derechos humanos, presentó ante el Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima una medida cautelar para suspender los efectos de la resolución que autoriza el inicio de las actividades de explotación en Tía María.
El vocero del Valle de Tambo, Miguel Meza, explicó que el recurso legal busca declarar la caducidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, aprobado el 1 de agosto de 2014, y cuya vigencia —según la normativa— es de cinco años. “A través de esta medida cautelar buscamos frenar Tía María, una imposición del gobierno anterior. Convocaremos a movilizaciones pacíficas porque exigimos ser escuchados. No queremos más represión ni persecución”, declaró Meza.
Por su parte, Rodrigo Lauracio, integrante del equipo legal de la Red Muqui, recordó que esta medida cautelar forma parte de una acción de amparo presentada en marzo de 2025. El abogado indicó que el juez tiene 30 días hábiles para resolver si la solicitud será declarada fundada, y exigió celeridad al Poder Judicial, ya que la audiencia prevista inicialmente para el 2 de octubre fue reprogramada para el 18 de diciembre. Lauracio agregó que, pese a los silencios administrativos y rechazos en el Minem y Senace, aún no existe una decisión judicial negativa, aunque sí una demora que calificó como preocupante.
El proyecto Tía María ha estado marcado por una década de conflictos sociales en el Valle de Tambo, donde agricultores y comunidades advierten impactos en la agricultura, el agua y la salud. El primer gran enfrentamiento ocurrió en 2011, cuando el primer EIA fue rechazado. En 2014, un nuevo estudio fue aprobado, lo que provocó protestas que se reactivaron en 2019, durante el gobierno de Martín Vizcarra, cuando se otorgó la licencia de construcción. “Somos un valle agrícola que alimenta al país. La empresa no tiene autorización para usar nuestras tierras ni nuestras aguas. Lo único que recibimos son policías y represión”, expresó la defensora ambiental Agripina Páucar, reflejando el persistente rechazo local al proyecto.
