Lun. Abr 22nd, 2024

Ruth Luque y sus aliados buscan reactivar protestas y socavar la minería formal

La congresista de izquierda Ruth Luque (Cambio Democrático) ya no es categórica para condenar el golpe de Estado de Pedro Castillo, como aparentó hacerlo el 7 de diciembre de 2022. “El gobierno de Castillo ya no es un gobierno democrático”, tuiteó aquella vez. Esta semana, en lugar de mantener su línea, salió a respaldar las violentas marchas que ese intento de cierre ilegal del Congreso provocó.

“Sobre la vacancia de Castillo, que seguramente tendremos posiciones distintas, las poblaciones del sur han considerado que se ha arrebatado a un representante de la población más excluida; era un gobierno permanentemente acechado y asediado”, declaró el martes 4 de abril en un conversatorio virtual llamado Régimen de Boluarte. Militarización y Relanzamiento de la Minería.

El evento fue organizado por la Red Muqui, una ONG que asegura defender los derechos de las comunidades y que abiertamente se opone a la actividad minera.

Durante su intervención, Luque cuestionó que la gestión de Boluarte sea muy severa para reducir las manifestaciones y apuntó que los estados de emergencia decretados –y vigentes hasta hoy– limiten, entre otras cosas, nuevas marchas.

“Muchos sectores políticos creen que la situación se ha normalizado (…). Miremos lo que sucede en el corredor minero, comunidades impactadas por la actividad extractiva están en permanente estado de emergencia”, refirió.

El corredor minero está ubicado al sur del país y es una vía donde pasan camiones que cargan los minerales extraídos de los suelos. La carretera atraviesa las regiones de Cusco, Apurímac, Moquegua, Puno, Tacna y Arequipa.

En la exposición, la Red Muqui criticó a Boluarte por mantener activa la minería, pese a que es formal, representa el 10% del Producto Bruto Interno (PBI) del Perú y se traduce en el 62% de las exportaciones nacionales, de acuerdo al Ministerio de Energía y Minas (Minem). Al finalizar 2022, según el Minem, las inversiones mineras superaron los US$5 mil millones.

A pesar de estos beneficios, el secretario de esta ONG, Jaime Borda, cuestionó que el Ejecutivo cautele el desarrollo y despliegue de la minería. Y, en otro momento, sostuvo que se deben reactivar las protestas en el sur del país.

“Tenemos retos y desafíos para mantener esta manifestación; toca fortalecer la organización y el movimiento social. Lo que hay que mirar es que las poblaciones se organizan y movilizan de diferente forma (…) en Puno, por ejemplo, van a mantener dos días de paro a la semana”, expresó.

Borda incidió también en que se debe insistir en exigir la instalación de una Asamblea Constituyente porque “ya no se cree en esta Constitución”.

Perú21

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