El congresista de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, presentó un proyecto de ley destinado a combatir el acaparamiento de concesiones mineras en el país. Para ello, propone modificar dos artículos clave, el 39 y el 40, del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por el Decreto Supremo N° 014-92-EM. Las modificaciones buscan regular el pago por la vigencia de cada hectárea y acortar el tiempo para la caducidad de concesiones ociosas, que son aquellas otorgadas y que permanecen sin exploración ni explotación durante hasta 30 años.

En concreto, Sánchez plantea que se ajuste el pago por derecho de vigencia, estableciendo tarifas diferenciadas según la extensión de las concesiones, y que se reduzca el plazo de caducidad de las concesiones ociosas de 30 a 15 años. Actualmente, las concesiones que no cumplen con producción mínima pueden mantenerse vigentes hasta por tres décadas, lo que favorece el acaparamiento sin actividad real.

El congresista solicitó a la Comisión de Energía y Minas que priorice la discusión de esta iniciativa junto con la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2026. En sus redes sociales, Sánchez criticó que mientras pocos concentran grandes extensiones de tierra sin producir, los mineros que trabajan enfrentan persecución y trámites excesivos.

Esta preocupación coincide con la postura de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), que ha pedido en varias ocasiones la reversión de concesiones ociosas como parte de la solución al estancado proceso de formalización minera.

Según datos del INGEMMET citados por Sánchez, hasta mayo de este año, 49,000 titulares de derechos mineros poseen casi 20 millones de hectáreas en el país. De este total, las primeras 40 compañías, entre ellas Fresnillo Perú S.A.C., Vale Exploration Perú y BHP World Exploration, controlan 6.4 millones de hectáreas, equivalentes al 32.4% del total de concesiones y petitorios a nivel nacional.

Para frenar este acaparamiento, la propuesta establece que el pago por derecho de vigencia mantenga un monto base de US$3 por cada 10,000 hectáreas, pero que aumente progresivamente hasta US$20 para concesiones superiores a 100,000 hectáreas. Además, se sugiere que las concesiones ociosas pierdan su vigencia si no cumplen con la producción mínima anual durante 10 años, otorgando un periodo de gracia de cinco años condicionado al pago de una penalidad del 10% de la producción mínima anual.

Finalmente, la iniciativa contempla excepciones para aquellas empresas que hayan invertido en labores de exploración y cuenten con estudios ambientales concluidos, permitiéndoles mantener sus concesiones hasta 30 años, siempre que paguen una penalidad equivalente al 10% de la producción mínima anual por año y hectárea otorgada. También define claramente una concesión minera ociosa como aquella en la que no hay inversión ni actividad minera real y que se mantiene solo con el pago de penalidades después de 10 años sin producción.