Los precandidatos presidenciales muestran posiciones marcadamente distintas frente a la propuesta de ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Las visiones van desde una reforma total del sistema o su eliminación inmediata, hasta la adopción de modelos extranjeros, además de planteamientos que incluyen diálogo, intervención militar y nuevas normas para combatir la informalidad y la minería ilegal.

Este 18 de noviembre, la Comisión de Energía y Minas del Congreso debatirá el predictamen que plantea extender el Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2027 y reincorporar a 50,000 mineros. Ante ello, surge la interrogante sobre qué enfoque tienen los precandidatos respecto al sector.

Las propuestas difieren profundamente: para algunos, el Reinfo debe transformarse por completo; otros consideran urgente su fin; mientras que ciertos postulantes proponen modelos híbridos que combinen orden, fiscalización y diálogo con los mineros informales.

A continuación, se presenta la postura de cinco precandidatos y su visión general sobre la formalización minera.

Phillip Butters (Avanza País): el Reinfo debe rehacerse desde cero

Phillip Butters calificó al proceso de formalización como un “fracaso” y mencionó que, de los 31,000 mineros que debían formalizarse este año, solo 68 lo lograron. Señaló, además, que existen 1,800 expedientes aún sin revisión en el Ministerio de Energía y Minas.

Para Butters, el principal problema es burocrático y legal. Critica que el proceso inicie pidiendo un domicilio fiscal, lo que —según señala— genera miedo entre los mineros debido a posibles embargos y denuncias ligadas al lavado de activos o delitos ambientales.

Su propuesta consiste en reemplazar el sistema actual por uno mucho más simple basado en declaraciones juradas. Desde su perspectiva, el país debe priorizar la inversión minera por encima de la recaudación tributaria.

Asimismo, Butters sostiene que el mayor obstáculo para la inversión es el Estado y sus trabas administrativas. Afirma que, si se destraban las 77,000 concesiones pendientes, la producción minera del Perú podría triplicarse en menos de una década.

Rafael López Aliaga (Renovación Popular): combate frontal a la ilegalidad y modelo chileno para la minería informal

En CADE Ejecutivos 2025, López Aliaga diferenció la minería ilegal de la minería informal ancestral. Propone erradicar completamente la minería ilegal, que —según dijo— genera violencia, explotación sexual, daño ecológico y está vinculada al narcotráfico. Planteó incluso la intervención de las Fuerzas Armadas.

Calificó a La Pampa como un “infierno” que debe enfrentarse con contundencia. Para los mineros informales ancestrales, sin embargo, propone aplicar un modelo similar al chileno, que permite incorporar áreas ociosas al Estado y facilitar esquemas de trabajo conjunto con la minería formal.

El precandidato descartó cualquier vínculo con mineros ilegales y afirmó que existen mecanismos para que los mineros informales se integren a operaciones formales, incluso compartiendo parte de su producción.

Alfonso López-Chau (Ahora Nación): la formalización como política de Estado

López-Chau enmarcó el tema dentro de la lucha general contra la informalidad, que afecta a casi todas las micro y pequeñas empresas del país. Asegura que la formalización debe abordarse mediante diálogo, consenso y una articulación entre Estado, sector privado y academia.

El precandidato propone conversar con mineros, pescadores y otros sectores informales para identificar rutas viables hacia la formalidad dentro de un proyecto nacional que represente un esfuerzo conjunto.

Rafael Belaúnde Llosa (Partido Libertad Popular): cierre definitivo del Reinfo y nuevo régimen para la pequeña minería

Belaúnde Llosa sostiene que el Reinfo no debe ampliarse “ni un día más”. Señala que el sistema no ha logrado formalizar a nadie y, más bien, se ha convertido en un mecanismo para comercializar mineral extraído ilegalmente.

Según explica, la minería criminal está asociada al tráfico de explosivos usados incluso en atentados, como los ocurridos en Trujillo. Afirma que la continuidad del Reinfo responde a la influencia de una “bancada minera ilegal” en el Congreso.

El precandidato propone eliminar el Reinfo y sustituirlo por un régimen regular que contemple de manera realista la minería artesanal. También plantea que el Estado implemente plantas concentradoras para evitar el uso de mercurio y cianuro, participando directamente en el procesamiento del mineral aluvial.

Richard Arce (Partido Morado): atacar la cadena de procesamiento y nueva ley minera

Para Richard Arce, el Reinfo es un “fracaso total”, ya que solo el 2.3 % de los inscritos ha logrado formalizarse. Advierte que el sistema se usa para dar apariencia de legalidad a actividades vinculadas a prácticas delictivas.

Propone intervenir las plantas de procesamiento para rastrear el origen del mineral y promueve la creación de una nueva Ley de Minería que reemplace a la vigente, vigente desde los años 90. Asimismo, cuestiona las limitaciones impuestas al trabajo policial y el lucrativo mercado ilegal de dinamita.

Fernando Olivera (Frente Esperanza): atender la realidad social de los mineros artesanales

Fernando Olivera resaltó la necesidad de impulsar la actividad minera aprovechando los altos precios internacionales del cobre, oro y zinc. Considera clave garantizar la seguridad jurídica para atraer inversiones.

Pidió iniciar con un catastro minero que permita conocer la verdadera dimensión del sector. También enfatizó en diferenciar a los mineros artesanales de los ilegales y de las mafias criminales.

Para Olivera, los cerca de 500,000 “picapedreros” representan un problema social que debe ser atendido, ya que muchos dependen de esta actividad para subsistir. Subrayó la importancia de no confundirlos con grupos dedicados al lavado de activos o al narcotráfico.