Hasta agosto de este año, en el Perú se registraban 209 conflictos sociales, de los cuales 89 estaban relacionados con la minería, según información de la Defensoría del Pueblo.

A pesar de esta situación, regiones con importantes proyectos y operaciones mineras que en el último año han sufrido conflictos sociales, como Apurímac, Cajamarca, Cusco y Moquegua, no cuentan con oficinas especializadas para atender estos problemas.

La primera región mencionada ha sufrido la toma de carreteras y de las instalaciones de uno de los proyectos de cobre más importantes del país: Las Bambas.

Por su parte, en Cusco, comunidades de Espinar bloquearon recientemente el corredor minero del sur, afectando así a la minera Antapaccay.

En el caso de Moquegua está Quellaveco y recientes protestas que involucran a Arequipa. El problema es que juntas de usuarios del valle del Tambo se oponen a la resolución que otorga la licencia de agua superficial con fines mineros de los ríos Titire (que tiene altos niveles de arsénico y boro de origen natural) y Vizcachas en favor del proyecto minero.

TRABAJO POR HACER

Ante la falta de oficinas que atiendan la conflictividad, la Defensoría del Pueblo espera que los candidatos a gobernadores regionales expliquen a la ciudadanía sus propuestas para enfrentar estos problemas. La institución considera que es vital la prevención y gestión de los conflictos desde los gobiernos regionales porque permite un análisis más cercano y una mayor coordinación con el gobierno nacional.

Para el exviceministro de Minas Rómulo Mucho, estas coordinaciones, y una visión compartida, son cosas que no se han dado hasta el momento, pero que ayudarían a la prevención.

“Falta una visión compartida para el desarrollo, pero el gobierno nacional no articula con los gobiernos regionales. Ahí es donde fracasa la descentralización”, añadió.

Aunque atribuye una responsabilidad al Ejecutivo por la falta de atención a la conflictividad, también cuestiona la inacción de los gobernadores para atender el problema. En ese sentido, consideró que no deben esperar a que el Ejecutivo haga todo el trabajo, y destacó que es necesario el aporte que puedan dar para encontrar una solución.

“Para reclamar canon, sí están presentes, pero nunca se ve el interés por resolver un problema grave, y al contrario, a veces se unen a los manifestantes”, detalló.

Labor del Ejecutivo

Por su parte, el exviceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros señaló que el Ejecutivo actualmente no da mucha importancia a la conflictividad social en el país.

“Cuando yo estaba en el cargo, tenía el apoyo del premier”, sostuvo y añadió que, más allá de oficinas en las regiones, se necesitan personas dependientes del gobierno nacional que se encarguen –al menos en donde hay más conflictos– de ser la primera línea de atención. Estos profesionales, además, deberían estar adecuadamente capacitados, explicó.

Datos

-De los 209 conflictos sociales que había hasta agosto, 89 eran mineros, según la Defensoría del Pueblo.

-Los gobiernos regionales con oficinas de prevención de conflictos son Arequipa, Ayacucho, Loreto, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali. Piura tiene una comisión.