Mientras en Lima los focos de atención mediática están centrados en los escándalos de palacio, Arequipa vivió una semana intensa de charlas, foros y mesas redondas en Perumin. La conclusión: el mundo cambiará de matriz energética, deja el petróleo y optará por energías limpias y, para eso, se necesitarán ingentes cantidades de cobre, comoditie de Perú y Chile. Sin embargo, por la conflictividad social y la falta de un Estado eficiente el tren podría pasarse. Raúl Jacob le toma la temperatura a la situación.

¿Cuál es su mirada sobre la minería peruana? Los precios de los metales subieron, pero caen por el retroceso de China.

Fue flor de un día, flor de loto de un día (ríe). Debimos crecer al 6% en la producción minera este año por los buenos precios. En otras épocas, aumentaban los precios y muy rápidamente aumentaba la producción minera. Había áreas que no eran rentables con la plata a 12 dólares, pero sí a 19 o 20 dólares la onza. Lo segundo, el clima de conflictividad social afectó a las operaciones mineras. Cuajone paralizó 54 días y se perdieron 22.000 toneladas de cobre. Las Bambas produce a la mitad de su capacidad instalada, puede sumar 60 mil toneladas adicionales. Esas cifras están dentro del número de reducción de la producción en 1.3% que mencionó el ministro Kurt Burneo.

¿Los nuevos proyectos mineros no se pusieron en marcha porque se tenía la intuición que los precios se desinflarían ?

Es principalmente por la conflictividad porque con estos precios deberíamos tener empresas diciendo vamos a invertir acá. De la propia lista de 42 proyectos que tiene el Estado, hay unos 10 que están listos para arrancar. Uno de ellos era Yanacocha sulfuros de Newmont, el mismo que ha indicado lo va a dejar en stand by.

Hay una suerte de exacerbación de los conflictos. ¿Tiene esa percepción?

Hay grupos radicales que buscan la conflictividad. Tenemos un grupo que se siente más empoderado para generar problemas. Luego, los equipos que deberían desactivar estos problemas fueron removidos. Sobre lo último, le pongo un ejemplo. En algunos conflictos sociales, las compañías mineras han tenido que hacer la misma presentación de explicación del problema a cuatro grupos del sector público encargados de destrabar el problema social porque cada dos semanas cambiaban. Con esto es imposible.

¿No hay estabilidad?

En los últimos meses, la ministra de Energía y Minas Herrera reconstituyó estos grupos, algo muy positivo. La presidencia del Consejo de Ministros estuvo trabajando en fortalecer su grupo de trabajo para este tema. Vemos que hubo un momento de mucha incertidumbre.

¿Usted cree que vamos saliendo de la situación?

Espero que estos grupos comiencen a hacer su trabajo como corresponde y reduzcan los conflictos. A veces se deja que el conflicto crezca. En el pasado, en otros gobiernos, cuando un grupo tomaba una carretera, el número de personas era un tema relevante para ver cómo actuaba la policía. Si eran diez personas, iban 30 policías. Era, “te retiras o te retiro”. Ahora diez personas pueden tomar una carretera. Hace días escuché que nueve personas tomaron una vía para exigir a una compañía minera comprar tickets para una pollada. Es absurdo. Hay una pérdida de autoridad y de institucionalidad.

¿A qué se debe ese derrumbe en el posicionamiento de la competitividad minera?

Porque se ha debilitado la institucionalidad. Por ejemplo, los trámites que son necesarios demoran mucho. Un trámite cuyo plazo vence en 30 días, vamos 100 días, y en algunos casos, no hay respuesta. El punto de partida de toda la minería es la exploración. En Michiquillay (Cajamarca) teniendo todo listo, tuvimos que esperar. Esos US$ 24 millones (para exploración), en buena parte van a ir para contratar mano de obra. Esa es una forma de ayuda a que la economía camine. Está la conflictividad social. Estos dos elementos, diría que son los que más nos han afectado.

En campaña se exacerba al ciudadano, los candidatos hablan de contaminación minera, que las empresas no pagan impuestos y la riqueza debe manejarla el Estado. ¿Ustedes aspiran a convertir la minería en una política de Estado?

Una política de Estado es la defensa de las fronteras. Es algo que conviene a todos. Algo así en el sector minero sería bueno para impulsar la producción. Si estos 42 proyectos con un monto de inversión muy fuerte, de US$ 53.000 millones, se llevan adelante, la cara del país cambia. (…) Trabajo en la industria minera hace 32 años. Por cada puesto de trabajo fijo, se generaban cuatro empleos. Hoy día, por cada puesto de trabajo fijo, se generan ocho en el resto de la economía.

Se viene un boom de los metales por el cambio de matriz energética, se necesitará más cobre para los autos eléctricos, ¿eso no se está visionando en Perú?

Se pensaba que para el 2030, se iba a requerir 30 millones de toneladas de cobre, que se venda a US$ 3.30. Hoy se producen 24 millones. A nivel mundial, se necesitarán 6 millones más por los automóviles eléctricos y paneles solares que no solamente consumen cobre sino plata y otros metales. La pregunta es: ¿de dónde va a venir a ese cobre?

¿Perú y Chile son los principales productores?

Perú y Chile, que tienen el 40% de la producción mundial, deberían abastecer de una porción importante a esta demanda pero de los dos países, el que tiene la mayor oportunidad de crecer es Perú. Tiene la posibilidad de alcanzar a Chile. Y si lo alcanzamos, solo pondríamos dos millones y medio de toneladas adicionales de este número grande que se necesita. Hay una oportunidad y lo que se tiene que hacer es ponernos de acuerdo en que esto se vuelva realidad. Creo que está claro que sí pagamos impuestos. El año pasado ha habido un récord de recaudación del sector minero. Pagamos salarios por encima del promedio nacional. Y esto también es muy bueno para el desarrollo de las familias. Hay un montón de beneficios. La parte que podría preocupar, el impacto en el ambiente, hay tecnologías para remediar, de manera que no sea un problema.

Exploración en Michiquillay

Raul Jacob también es CFO de Southern Perú que promueve trabajos de exploración en el depósito de cobre Michiquillay. Si comprueban reservas suficientes la inversión podría alcanzar los $ 2.500 millones. En exploración invierten $24 millones. En el 2024 desarrollarán otro tipo de iniciativa, el tamaño de la concentradora, camiones mineros necesarios para la explotación. El desafío más importante que tienen: reubicar a una comunidad.

También se refirió a la situación del proyecto minero los Chancas localizado en Apurímac. Este se encuentra invadido por 300 trabajadores artesanales. Southern paralizó la elaboración de su estudio de impacto ambiental por la posesión ilegal. “Es un proyecto de US$ 2,100 millones de inversión, que daría la posibilidad de trabajo a más de mil personas, más todo el sistema económico que se genera alrededor de una operación minera, como proveedores, servicios, etc. Está parado por la invasión”, concluyó.