El presidente ejecutivo de Proinversión, Luis del Carpio, afirmó que la reorganización de Petroperú apunta a asegurar la sostenibilidad financiera de la empresa estatal y frenar el deterioro económico que arrastra desde hace varios años.

El Gobierno dispuso, mediante un decreto de urgencia, un plan de reorganización patrimonial con el objetivo de detener las pérdidas acumuladas y garantizar la continuidad operativa de la petrolera. La medida busca corregir problemas estructurales que han afectado su desempeño y su capacidad de cumplir compromisos.

La decisión, sin embargo, generó cuestionamientos sobre una eventual privatización encubierta, una interpretación que el Ejecutivo ha rechazado. Del Carpio sostuvo que el proceso no implica la venta de Petroperú, sino una reestructuración empresarial destinada a preservar su valor y hacerla viable en el largo plazo.

En una entrevista con RPP TV, el funcionario recordó que la empresa acumula pérdidas constantes desde hace al menos cinco años. Esa situación obligó al Estado a realizar aportes de capital que superan los 17,000 millones de soles, una cifra superior al presupuesto anual de sectores clave como Salud o Educación.

Del Carpio advirtió que, pese a esos recursos, Petroperú sigue sin cubrir sus gastos operativos. Señaló que, sin una intervención urgente, la empresa solo habría resistido “muy pocos meses” más, debido a severos problemas de liquidez y a retrasos en pagos a proveedores que ponían en riesgo servicios esenciales.

Como parte del plan, Proinversión asumirá la tarea de ordenar los activos de la petrolera mediante la separación de sus unidades de negocio en bloques patrimoniales. El objetivo es evitar que las pérdidas de un área afecten al resto y mejorar la gestión de activos relevantes, entre ellos la Refinería de Talara, cuya construcción demandó alrededor de 6,000 millones de dólares.

Según explicó, estos bloques podrán gestionarse a través de sociedades de propósito especial y fideicomisos, un esquema que permitiría atraer capital privado sin que el Estado pierda la propiedad. Del Carpio comparó el modelo con experiencias internacionales, como la de Petrobras, y subrayó que recurrir a capital privado no implica dejar de ser una empresa estatal.

Desde el sector empresarial, el presidente de la Confiep, Jorge Zapata, respaldó la reorganización y coincidió en que no se trata de una privatización. Señaló que la norma abre la puerta a Asociaciones Público-Privadas para la operación y mantenimiento de activos, un esquema más cercano a una concesión que a una venta definitiva de Petroperú.