La Nueva Refinería de Talara, el proyecto energético más relevante del Perú y cuya inversión superó los US$5.000 millones, pasará a un esquema de gestión privada a partir de junio de este año. Así lo confirmó ProInversión, al precisar que el principal activo estratégico de Petroperú será incorporado a un bloque patrimonial administrado por privados antes de la asunción del próximo gobierno, conforme al decreto de urgencia emitido a inicios de año por la administración de José Jerí.

Durante una conferencia de prensa con medios especializados, el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, indicó que el decreto menciona de manera explícita a la Refinería de Talara, lo que la convierte en un elemento central del proceso de transferencia de activos a esquemas de gestión privada. “El decreto de urgencia establece el nombre propio Refinería de Talara”, afirmó al ser consultado sobre su inclusión en el proceso.

Del Carpio agregó que, aunque otras instalaciones de Petroperú no figuren de forma expresa en la norma, también forman parte del plan de reorganización. Según explicó, el enfoque del decreto es integral y abarca distintos activos estratégicos de la empresa estatal, aun cuando no todos estén detallados en el texto legal.

Respecto a la estructuración de los bloques patrimoniales, el titular de ProInversión señaló que estos incluirán activos, flujos financieros y deuda, aunque aclaró que el diseño final aún está en evaluación. El plan de promoción de la inversión privada, que definirá estos aspectos, será aprobado en las próximas dos semanas.

De manera preliminar, adelantó que la Refinería de Talara podría constituirse como un bloque independiente, dada su magnitud y complejidad operativa. A diferencia de otras instalaciones más pequeñas, como la refinería de Conchán, Talara requiere un esquema de gestión diferenciado que permita maximizar su eficiencia y sostenibilidad financiera.

Además de las refinerías, ProInversión evalúa incluir otros activos emblemáticos de Petroperú en nuevos modelos de gestión privada. Entre ellos figuran las bombas de balancín del noroeste, las plataformas marinas del Lote Z-69 y el Lote 192, ubicado en la Amazonía peruana.

El Ministerio de Economía y Finanzas ha indicado que el plan de promoción no esperará el plazo máximo de 60 días previsto inicialmente y será presentado de forma anticipada. Del Carpio confirmó que la modalidad prioritaria será la asociación público-privada, descartando una venta directa de la refinería.

Entre las alternativas consideradas se incluyen contratos de gerenciamiento con operadores especializados, APP con inversión privada y esquemas de reparto de riesgos. Según explicó, las concesiones podrían extenderse entre 20 y 30 años, e incluso hasta 60 años, dependiendo de la inversión comprometida y del periodo necesario para recuperar el capital.

Del Carpio también puso en duda la capacidad de Petroperú para operar de manera eficiente una instalación de alta complejidad como Talara. Comparó el caso con la concesión del Aeropuerto Jorge Chávez y sostuvo que el objetivo central es asegurar que los activos generen flujos sostenibles y rentabilidad.

En el plano financiero, explicó que los flujos de los bloques patrimoniales deberán cubrir primero los costos operativos antes de destinar recursos al pago de la deuda de Petroperú. Asimismo, confirmó que se están manteniendo conversaciones con bancos de inversión internacionales para restablecer líneas de crédito de corto plazo.

ProInversión indicó que Petroperú asumirá nueva deuda de corto plazo sin aval del Estado, con tasas más elevadas, como medida para evitar una crisis inmediata de liquidez. El acceso a financiamiento dependerá, precisó, de la credibilidad del plan de reorganización y del ingreso efectivo de operadores privados.

Finalmente, aunque el Gobierno busca concretar al menos uno o dos bloques patrimoniales antes del cambio de mando, el proceso ha generado críticas. El Colegio de Ingenieros del Perú cuestionó la idoneidad de ProInversión para liderar una reestructuración de esta magnitud, señalando que Petroperú requiere control técnico especializado y gestión de riesgos complejos, más que una lógica de concesión tradicional.