La Comisión de Energía y Minas del Congreso convocó a una nueva sesión extraordinaria para este viernes 7 de noviembre, en la que se debatirá una fórmula legislativa que busca ampliar la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta fines de 2027 o hasta que entre en vigencia la postergada Ley Mape. La iniciativa se presentará luego de recibir aportes de distintos ministerios y especialistas del sector.
En este contexto, Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), expresó su preocupación por la falta de una postura clara del Ejecutivo frente al proceso de formalización minera. “Nosotros también reclamamos la ausencia del Ejecutivo en esta mesa de trabajo y esperamos que se integren pronto, pero con propuestas tangibles para mejorar el texto. No hay forma de que las más de 50.000 personas o empresas retiradas del Reinfo se reincorporen”, señaló durante su participación en el CADE Ejecutivos 2025.
Torreblanca consideró que extender la vigencia del Reinfo no es una solución viable y pidió al Congreso y al Gobierno cerrar definitivamente ese registro. En su lugar, propuso que la nueva propuesta legislativa incluya medidas concretas sobre seguridad y salud ocupacional, trazabilidad de los minerales, cumplimiento ambiental y formalización laboral, pilares que —según dijo— permitirían un proceso más ordenado y sostenible.
La presidenta de la SNMPE también hizo un llamado al Poder Ejecutivo para que priorice la lucha contra la minería ilegal, la seguridad ciudadana y la estabilidad económica en el actual contexto electoral. “Invocamos a los candidatos y partidos políticos a confirmar que sus campañas no están siendo financiadas por la minería ilegal u otras economías ilícitas. Esperamos suscribir pronto un pacto por la gobernabilidad y la transparencia”, afirmó.
Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), las exportaciones de oro ilegal podrían equiparar —e incluso superar— a las formales este año, con un volumen estimado de entre 105 y 115 toneladas, valorizadas en cerca de US$ 12.000 millones. El impacto de esta actividad ilícita, advirtió Torreblanca, representa una pérdida directa para el país en infraestructura, salud y educación, ya que “la minería ilegal no paga impuestos, no genera empleo formal ni cuida el medio ambiente”.
Finalmente, la titular del gremio recordó que la minería formal aporta alrededor del 14% del PBI nacional, por lo que consideró urgente que el Ejecutivo y el Congreso adopten una posición firme frente al avance de la informalidad. “Si las exportaciones ilegales superan a las formales, el país perderá una fuente vital de recursos y desarrollo. No podemos permitir una nueva prórroga del Reinfo”, sentenció.
