Armando Gallegos, presidente del directorio de la Escuela de Postgrado Gerens, presentó una propuesta para ordenar la minería de pequeña escala en el Perú durante el foro-taller “Propuesta de ordenamiento de la minería a pequeña escala”, desarrollado en el marco de Construyendo Indumin. El planteamiento central consiste en promover contratos de explotación con una duración mínima de cinco años como herramienta para reducir la informalidad en el sector.

Gallegos sostuvo que actualmente existe alta precariedad en las etapas de exploración y minado, con deficientes condiciones de salud y seguridad, además de una fuerte presencia del Reinfo. Según explicó, la firma de contratos más extensos permitiría dar estabilidad a los pequeños productores y avanzar hacia una actividad más formal y organizada.

El directivo señaló que los contratos de mayor plazo ofrecerían a los pequeños mineros la posibilidad de planificar en el mediano y largo plazo. Con un horizonte de al menos cinco años, podrían invertir en exploración, respaldar financiamiento y adquirir maquinaria o infraestructura para mejorar su productividad.

Precisó que en estos contratos participarían tanto el titular de la concesión minera como el pequeño minero interesado en explotar o explorar. Si bien hoy existen contratos de explotación, afirmó que suelen ser de muy corto plazo, lo que limita la capacidad de inversión y mantiene esquemas de trabajo precarios y poco mecanizados.

La propuesta también contempla incorporar las plantas de beneficio de la pequeña minería y minería artesanal al catastro del Ingemmet. Gallegos advirtió que actualmente estas plantas no figuran en el registro oficial, a diferencia de las instalaciones de mediana y gran minería, lo que dificulta contar con información precisa sobre su número y operación.

En ese sentido, planteó que las plantas de beneficio funcionen como nodos de control dentro del sistema. A partir de su registro y georreferenciación, se podría fortalecer la fiscalización mediante una plataforma informática que permita rastrear volúmenes de producción, origen del mineral procesado y otros datos clave para la supervisión.

La iniciativa incluye además la implementación de un sistema de trazabilidad digital a lo largo de toda la cadena productiva, así como la restricción en la venta de insumos críticos —como explosivos— únicamente a operaciones que cuenten con contratos de explotación vigentes. Con ello se buscaría cerrar brechas entre producción y comercialización, y limitar espacios para la actividad ilegal.

Finalmente, Gallegos señaló que el presidente José María Balcázar debería impulsar con mayor decisión la formalización minera, que —según indicó— se encuentra estancada. Cuestionó la ampliación sucesiva del Reinfo y sostuvo que, sin un compromiso más firme del Ejecutivo y el Legislativo, el proceso de formalización seguirá postergándose.