Más del 90% del oro producido en la región Piura tendría origen en la minería ilegal, según estimaciones del Área de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio y Producción de Piura. La cifra no solo refleja la magnitud del problema, sino también el grado en que la actividad informal ha desplazado a la operación minera formal en la zona.

El fenómeno se concentra especialmente en provincias como Tambogrande y Ayabaca, donde la expansión de la minería ilegal ha generado tensiones sociales persistentes. En paralelo, varios proyectos formales permanecen paralizados, atrapados entre la desconfianza de las comunidades y un entorno de conflictividad que dificulta cualquier avance.

Más allá del impacto productivo, la situación tiene efectos directos sobre la recaudación fiscal y el medio ambiente. La extracción fuera del marco legal reduce significativamente los ingresos del Estado y, al mismo tiempo, intensifica la degradación de suelos y fuentes de agua, configurando un escenario de alta vulnerabilidad para la región.

En este contexto, las exportaciones formales de oro han mostrado una caída pronunciada. En agosto de 2025, los envíos alcanzaron apenas 17 millones de dólares, lo que representa una contracción de 62% frente al mismo mes del año anterior. La tendencia refleja el debilitamiento sostenido del canal formal.

El desempeño acumulado confirma esa trayectoria. Entre enero y agosto de 2025, las exportaciones sumaron 56 millones de dólares, muy por debajo de los 148 millones registrados en el mismo periodo de 2024. La diferencia marca un retroceso significativo respecto a los niveles más altos alcanzados recientemente.

A nivel empresarial, el número de exportadores activos se ha reducido y la concentración ha cambiado. Inversiones Nogal del Norte lidera actualmente los envíos, seguida por Corporación MLD y Proyectos La Patagonia, mientras que compañías que antes dominaban el mercado han perdido participación de forma considerable.

En cuanto a los destinos, India se ha consolidado como el principal comprador del oro proveniente de Piura, desplazando a otros mercados tradicionales. Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos mantienen presencia, mientras que Canadá aparece como un nuevo actor en la demanda durante 2025, reflejando una reconfiguración constante del comercio internacional.

Finalmente, el informe advierte que la persistencia de la minería ilegal no responde únicamente a debilidades institucionales, sino también a factores políticos. En un contexto electoral, el respaldo —explícito o implícito— a estas actividades representa un riesgo para el Estado de derecho y para la sostenibilidad de la región. Frente a ello, el rol del electorado se vuelve determinante para frenar la expansión de economías ilícitas y sus efectos de largo plazo.