Petro-Perú atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente, tras registrar una pérdida neta de US$ 468,3 millones en 2025. La crítica situación financiera ha encendido las alertas sobre la viabilidad de sus operaciones, en medio del riesgo de un eventual cierre si no recibe apoyo del Gobierno.

En paralelo a este escenario, los trabajadores de la empresa, agrupados en el Sindicato de Trabajadores de Petróleos del Perú (Sitrapp), han iniciado gestiones para exigir el pago de utilidades correspondientes al ejercicio 2025.

La demanda se sustenta en un presunto acuerdo alcanzado con el presidente de la compañía, Roger Arévalo, durante una reunión realizada el pasado 1 de abril, donde se habría abordado la situación financiera y los compromisos con el personal.

Según lo señalado por Sitrapp, en dicho encuentro Arévalo habría asegurado que la empresa sí generó utilidades y que se respetarían los beneficios laborales, lo que ha motivado la actual exigencia formal por parte del sindicato.

A través de una carta dirigida a la presidencia de Petro-Perú, la organización solicitó el cumplimiento inmediato del pago, advirtiendo que su incumplimiento podría derivar en sanciones por parte de las autoridades competentes. Asimismo, instó a que el abono se realice en las cuentas de los trabajadores en el más breve plazo.

La presión sindical se produce en un contexto en el que el Gobierno evalúa un nuevo rescate financiero para la estatal, por más de US$ 2.000 millones, destinado a cubrir deudas y asegurar la continuidad del suministro de combustibles, lo que añade mayor tensión al panorama de la compañía.