El gobierno del presidente José María Balcázar evalúa derogar el Decreto de Urgencia 010-2025, norma que establece la reorganización y escisión patrimonial de Petro-Perú. Esta decisión estaría acompañada por un nuevo paquete de apoyo financiero para la empresa estatal.

El anuncio fue realizado durante una reunión con trabajadores y representantes del sector transporte de carga pesada. En ese espacio, el mandatario reafirmó su intención de respaldar a la petrolera, aunque subrayó la necesidad de mejorar su gestión y administración.

Según lo expuesto, la derogatoria del decreto formaría parte de un conjunto de medidas destinadas a fortalecer a la compañía. Entre ellas destaca un rescate financiero superior a los US$2.000 millones, orientado principalmente a cubrir obligaciones pendientes con proveedores de crudo.

Este monto supera ampliamente el apoyo recientemente aprobado por la Junta General de Accionistas de Petro-Perú, que contemplaba S/500 millones (alrededor de US$132 millones). La diferencia refleja la magnitud de las necesidades financieras que enfrenta la empresa.

En esa línea, el exgerente de finanzas de la estatal, Fernando De la Torre, había advertido previamente que el monto inicial sería insuficiente, considerando que la deuda de capital de trabajo asciende a aproximadamente US$1.530 millones.

Para viabilizar el nuevo financiamiento, el Ejecutivo plantea otorgar un aval estatal ante la banca privada. Según explicó el presidente, esta medida no implicaría un desembolso directo de recursos públicos, ya que estaría respaldada por garantías del Estado, en medio de un contexto en el que también señaló haber recibido presiones desde distintos sectores para no derogar el decreto.