La minería ilegal continúa expandiéndose en el país y representa una amenaza creciente para comunidades enteras. En los últimos años, esta actividad se ha convertido en un problema económico y social de gran escala, debido a las pérdidas fiscales que genera, los impactos ambientales que deja a su paso y el clima de inseguridad que desalienta la inversión formal. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), el 44 % del oro ilegal exportado desde Sudamérica tiene origen peruano.
Para fines del 2025, las exportaciones ilícitas de oro alcanzarían los US$12.000 millones, lo que equivale entre 105 y 115 toneladas del metal. Esta cifra igualaría, por primera vez, los envíos legales y podría incluso superarlos si no se adoptan mecanismos de control más rigurosos en el corto plazo.
“Perú no enfrenta un fenómeno marginal; es uno de los principales focos de comercialización de oro ilegal en el mundo. No hablamos de una actividad aislada, sino de un flujo económico de miles de millones de dólares”, advirtió Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del IPE, durante el seminario virtual Minería ilegal: Una mirada internacional a la crisis. En 2023, la minería ilegal representó el 41 % de todas las economías ilícitas del país, una participación superior a delitos como la trata de personas, el narcotráfico, la tala ilegal o las extorsiones.
De mantenerse la tendencia, para el 2025 la minería ilegal duplicaría en tamaño al conjunto del resto de actividades ilícitas, de acuerdo con las proyecciones del IPE. El impacto económico, social y ambiental del fenómeno viene, además, acompañado de una estructura criminal cada vez más compleja y mejor articulada.
En ese contexto, Julia Yansura, directora del programa de Delitos Ambientales y Finanzas Ilícitas de la FACT Coalition (EE.UU.), alertó que el oro ilegal peruano está ingresando a mercados internacionales mediante nuevas modalidades diseñadas para eludir los controles. Mencionó que el uso de oro concentrado, polvo, chatarra electrónica triturada y formatos reciclados ha crecido de manera significativa. Solo en 2024, Perú exportó US$880 millones en oro concentrado, cinco veces más que el año anterior. Yansura también señaló vacíos regulatorios en países de destino —como Estados Unidos, donde no existe obligación de declarar el ingreso del metal— que facilitan la entrada de oro de origen dudoso al sistema formal.
La especialista añadió que, en Estados Unidos, la minería ilegal extranjera no está tipificada como delito subyacente al lavado de activos, lo cual limita la acción de fiscales y entidades financieras. Esto ha permitido la aparición de empresas de fachada que blanquean el oro extraído de manera ilegal. “La trazabilidad debe ser global. Si el oro puede ingresar sin declararse, toda la cadena queda expuesta”, sostuvo.
Por su parte, Lucía Dammert, profesora de la Universidad de Santiago de Chile, explicó que la minería ilegal se ha consolidado como una industria paralela con impactos múltiples: incremento de la violencia, deforestación acelerada, trata de personas y capacidad creciente de capturar instituciones públicas. Señaló que gran parte del oro ilegal es “regularizado” primero dentro del país, lo que complica los controles posteriores en el exterior. Ante ello, propuso robustecer la inteligencia criminal y financiera para identificar beneficiarios finales, desarticular flujos económicos y atacar las redes logísticas y de exportación.
Dammert agregó que la falta de recursos, la corrupción y la limitada capacidad operativa del Estado agravan el problema. La escasez de personal policial y el bajo financiamiento destinado a fiscalización impiden enfrentar adecuadamente a organizaciones que operan con gran capacidad de adaptación y altos incentivos económicos.
Finalmente, el IPE planteó que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) se ha convertido en un paraguas bajo el cual ha prosperado la minería ilegal. Según Víctor Fuentes, al menos 13.000 inscripciones se ubican en áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas u otros espacios donde la actividad extractiva está prohibida. Pese a ello, el presupuesto para la formalización minera se reduciría en 60 % el próximo año. Para el IPE, el cierre definitivo del Reinfo es urgente, aunque solo representa un primer paso dentro de una estrategia más amplia que incluya interdicción basada en inteligencia, mayor trazabilidad, controles estrictos para comercializadoras y exportadoras, cooperación internacional y alternativas económicas para las zonas dependientes de la extracción ilegal.
