El Perú se encamina a vivir uno de los ciclos de inversión minera más importantes de la última década, con efectos positivos para el crecimiento económico, pero también con desafíos urgentes vinculados al avance de la minería ilegal del oro. Así lo plantea el vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Juan Carlos Ortiz, en una reciente columna publicada en el Semáforo Minero.
Según el Reporte Semanal de Scotiabank citado por Ortiz, la inversión minera podría alcanzar cerca de US$ 6,400 millones en 2026, lo que implicaría un crecimiento aproximado de 10% y el nivel más alto registrado en los últimos diez años. Este monto no solo superaría los niveles previos a la pandemia, sino que marcaría un punto máximo para la industria en la última década, reflejando un entorno favorable para el desarrollo de nuevos proyectos.
Las cifras más recientes refuerzan esta tendencia positiva. Entre enero y septiembre de 2025, la inversión minera acumuló US$ 3,909 millones, un aumento interanual de 15.3%. Solo en setiembre se alcanzaron US$ 550 millones, el mayor registro mensual del año. A ello se suma el fuerte dinamismo de la exploración minera, que totalizó US$ 527 millones en los primeros nueve meses, con un crecimiento de 34.5%, lo que Ortiz interpreta como una señal clara de confianza en el potencial geológico del país.
Sin embargo, este escenario favorable convive con una amenaza creciente: la expansión de la minería ilegal del oro. Ortiz advierte que esta actividad no tributa ni cumple estándares ambientales o sociales, y cita estudios de la Universidad del Pacífico que muestran que una mayor formalización del oro permitiría incrementar de manera significativa la recaudación fiscal en un contexto de restricciones presupuestarias.
El problema trasciende lo económico. De acuerdo con Ortiz, la minería ilegal del oro se ha consolidado como una de las principales actividades del crimen organizado, incluso desplazando al narcotráfico por su alta rentabilidad y bajo control estatal. Desde el IIMP, subraya que enfrentar este fenómeno exige una respuesta integral del Estado, ya que fortalecer una minería formal, competitiva y sostenible no solo impulsa el desarrollo regional y la recaudación, sino que también reduce el espacio de acción de las economías criminales.
