Por primera vez, el gobierno peruano ha reconocido oficialmente la existencia de minería informal de cobre a gran escala. Este fenómeno, impulsado en parte por el alza en los precios internacionales del metal, podría expandirse en los próximos años. Uno de los casos más emblemáticos es el de la mina Apu Chunta, gestionada por la comunidad indígena de Pamputa en terrenos donde los derechos mineros pertenecen a Las Bambas, operada por la compañía MMG Ltd.

Apu Chunta genera anualmente alrededor de 30,000 toneladas métricas de cobre, con un valor aproximado de 300 millones de dólares. Aunque la comunidad posee la propiedad de la tierra, los derechos sobre el mineral extraído están registrados a nombre de Las Bambas, que prevé desarrollar una mina a cielo abierto en la zona hacia la década de 2030. Para ello, deberá negociar la adquisición del terreno con la comunidad local.

El auge de la minería informal y los conflictos entre propietarios de tierras y titulares de concesiones mineras representan actualmente un reto significativo para el sector en Perú. Siendo el tercer productor mundial de cobre y el mayor productor de oro de Sudamérica, el país debe enfrentar el desafío de fomentar el crecimiento económico sin comprometer la legalidad ni el cuidado ambiental.

El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, ha indicado que la actividad informal también está creciendo en regiones como Apurímac y Arequipa, aunque su volumen de producción aún es bajo en comparación con la minería formal. No obstante, varios proyectos de empresas como Southern Copper, First Quantum y Teck Resources han experimentado retrasos o complicaciones debido a la presencia de minería no regulada.

Formalizar la minería artesanal podría traer consigo mejoras sustanciales: mejores condiciones laborales, mayor recaudación fiscal y una reducción del impacto ambiental. Sin embargo, el proceso enfrenta barreras importantes, como la escasez de recursos, la complejidad administrativa y la oposición de ciertos grupos. El caso de Apu Chunta subraya la necesidad urgente de establecer políticas inclusivas que valoren los derechos de las comunidades indígenas y fomenten la legalidad, con una colaboración efectiva entre el Estado, las empresas y la población local para lograr un desarrollo sostenible y justo.