A mediados de octubre, la empresa de capitales mexicanos Southern recibió la autorización del Ministerio de Energía y Minas (Minem) para iniciar las actividades de explotación del proyecto Tía María, ubicado en la provincia de Islay, región Arequipa. Desde entonces, los pobladores del Valle de Tambo han reiterado su rechazo al proyecto y expresado su disposición a dialogar con el Gobierno. Al respecto, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, se pronunció sobre la situación.
“Hay dirigentes que han anunciado que continuarán labores de agitación y propaganda para evitar que se lleve a cabo el proyecto. Detrás de ellos hay ONGs con una agenda internacional: quieren preservar el ambiente para que norteamericanos y europeos puedan gozar de la tranquilidad en el futuro. Pero son indiferentes a la pobreza y miseria de nuestro pueblo”, declaró Álvarez en una entrevista con el programa Panorama.
En cuanto al inicio de las operaciones de Tía María, el primer ministro precisó que no existe una fecha definida, ya que el Ejecutivo deberá afrontar “una oposición bien financiada y con mucha experiencia”. Cabe recordar que la etapa de construcción del proyecto se encuentra actualmente al 23% de avance, mientras que la fase de explotación está prevista para 2027.
Tras las declaraciones del premier, Miguel Meza, vocero del Valle de Tambo, sostuvo que el Gobierno busca “poner paños fríos” para que la población baje la guardia en su lucha contra el proyecto. En diálogo con La República, adelantó que se está organizando una asamblea popular para definir la fecha de una próxima movilización. Además, denunció que desde hace años se viene desarrollando una campaña de criminalización contra los dirigentes sociales del valle.
Meza recordó que varias autoridades locales y líderes comunales enfrentan procesos judiciales o se encuentran encarcelados, entre ellos Jaime De La Cruz, alcalde de Dean Valdivia, y Jesús Cornejo, expresidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo. “Tengo más de 11 investigaciones policiales por el paro de febrero. Lo que vivimos es parte de la criminalización de la protesta social. Se trata de una imposición sin licencia social”, afirmó.
Por su parte, Jesús Cornejo calificó de falsas las acusaciones del premier contra las organizaciones que brindan apoyo legal a los manifestantes. Además, instó al Poder Judicial a resolver con celeridad la medida cautelar presentada contra el proyecto, argumentando que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Tía María habría perdido vigencia. “No hay licencia social ni permisos vigentes para iniciar la explotación. Seguiremos defendiendo la seguridad y la soberanía alimentaria del Valle de Tambo”, concluyó.
