El gobierno de Panamá busca cerrar antes de junio la discusión en torno a Cobre Panamá, uno de los temas más sensibles de su agenda económica y social. El presidente José Raúl Mulino afirmó que espera completar el proceso a mitad de año y anunciar la ruta que “el país requiere”, con el objetivo de retomar el control de un conflicto que ha generado alta tensión social y un costo económico significativo.

La mina, propiedad de la canadiense First Quantum, permanece detenida desde 2023 tras masivas protestas vinculadas al reparto de ingresos y a preocupaciones ambientales. Su paralización dejó interrogantes abiertas sobre empleo, finanzas públicas y riesgos ambientales, problemas que no se resuelven simplemente con el paso del tiempo.

Al fijar un plazo, Mulino busca entregar certidumbre tanto a la ciudadanía como al mercado. Ese calendario también acota el margen para decisiones improvisadas, ya que cualquier alternativa —reactivación o cierre— deberá sostenerse en fundamentos técnicos y legales sólidos.

Antes de la suspensión, Cobre Panamá aportaba cerca del 1% del suministro mundial de cobre, una magnitud que explica por qué el caso trasciende las fronteras del país. El cierre significó la pérdida de un motor relevante de actividad económica y de ingresos fiscales, mientras que para la empresa mantener las instalaciones inactivas implica costos crecientes y deterioro de activos.

El cobre, clave para la construcción, las redes eléctricas y la manufactura, mantiene al mercado atento a cualquier señal sobre el futuro del proyecto. Sin embargo, el tamaño de la mina no justifica atajos: la discusión pública hoy exige datos verificables y compromisos claros, no solo promesas de reactivación.

En este contexto, Mulino incorporó un elemento político adicional al señalar que el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, ofreció apoyo de tres expertos mineros para brindar asistencia técnica. La experiencia chilena puede aportar en áreas críticas como seguridad de relaves, manejo de agua, control ambiental y costos de cierre, sin reemplazar la decisión soberana de Panamá.

Aun con apoyo externo, el desafío central del gobierno es explicar con claridad qué se evalúa, bajo qué reglas y con qué información. Si el proceso se percibe opaco, el riesgo de una nueva reacción social sigue latente, ya que el debate no se limita a un contrato, sino que involucra la confianza en las instituciones.

Panamá enfrenta tres rutas posibles: reactivar la mina con nuevas condiciones, mantener el cierre y avanzar hacia uno definitivo, o establecer primero un nuevo marco legal y técnico antes de cualquier decisión mayor. En todos los casos, la credibilidad es clave, junto con explicaciones comprensibles sobre los beneficios fiscales, las exigencias ambientales y las responsabilidades de cada actor.

Con la fecha de junio como horizonte, el anuncio final deberá incluir criterios, plazos y mecanismos de control claros. Si el gobierno logra sustentar su decisión en una base legal firme, un esquema fiscal transparente y un sistema ambiental con medición pública, podrá reducir la tensión y cerrar un capítulo que ya tuvo un alto costo para el país y que definirá su relación futura con los grandes proyectos mineros.