La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha publicado un informe sobre la situación económica del Perú, centrando parte de su análisis en la petrolera estatal Petroperú. Según el organismo, la crítica situación financiera de la empresa, sumada a las repetidas inyecciones de capital del Estado, representa un riesgo creciente para la estabilidad fiscal del país.
Esta advertencia se alinea con lo ya señalado por Alexander Müller, economista jefe para la Región Andina, Centroamérica y el Caribe del Bank of America (BofA). En una entrevista reciente con Gestión, Müller explicó que si este año no se realiza una nueva transferencia de fondos a Petroperú y el resto de variables se mantiene estable, el Perú podría, “mecánicamente”, cumplir con su regla fiscal. Sin embargo, la posibilidad de evitar más aportes sigue siendo incierta.
El informe de la OCDE enfatiza que las reiteradas inyecciones de capital han respondido a la incapacidad de Petroperú para cumplir con sus obligaciones financieras, incrementando así los pasivos contingentes del Estado y reduciendo su margen fiscal. La organización internacional advierte que mientras no se implemente una estrategia creíble para restablecer la viabilidad de la empresa, el apoyo fiscal seguirá siendo un riesgo importante para el país.
En esa línea, la OCDE sugiere que una medida clave sería integrar a Petroperú al marco de propiedad del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), conforme a sus propias recomendaciones recogidas en el informe Estudios Económicos de la OCDE: Perú 2023. Esta integración permitiría reforzar la gobernanza y el control financiero de la empresa, alineándola con buenas prácticas internacionales.
El diagnóstico de la OCDE llega justo cuando se ha revelado que las pérdidas acumuladas de Petroperú superan el 50% de su capital social, lo que obligó a convocar a una sesión extraordinaria de la Junta General de Accionistas, integrada por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Ministerio de Energía y Minas (Minem). A pesar de que el titular del MEF, Raúl Pérez Reyes, y el presidente de Petroperú, Alejandro Narváez, han negado que se contemple una nueva capitalización, diversos analistas dudan de que esa promesa pueda sostenerse.
Narváez, por su parte, ha intentado justificar el deterioro financiero señalando que gran parte de las pérdidas responden a decisiones ajenas a la gestión empresarial. “Estamos gastando US$ 112 millones para mantener operativo el Oleoducto Norperuano. Desde octubre de 2015, hemos dejado de recuperar US$ 1,080 millones por no facturar el IGV en la Amazonía”, declaró el último domingo, argumentando que, de no ser por estas obligaciones impuestas, la empresa estaría en azul.
Finalmente, la OCDE no desvincula la situación de Petroperú del panorama fiscal general del Perú. Subraya que, tras la pandemia, el país ha enfrentado déficits persistentes y que incumplió su regla fiscal por segundo año consecutivo en 2024. Para revertir esta situación, el organismo recomienda una consolidación fiscal creíble, basada en la reducción del gasto público —en especial la masa salarial estatal—, la eliminación de subsidios ineficientes y una reforma del sistema tributario. Dentro de ese plan, reestructurar integralmente Petroperú resulta clave para recuperar disciplina fiscal, mejorar la gobernanza y evitar nuevas presiones sobre las finanzas públicas.
