Si bien el Gobierno se comprometió a reducir a seis meses los plazos que toman entre dos a cuatro años para aprobación de autorizaciones de proyectos mineros, el Poder Ejecutivo sigue creando nuevos trámites que pueden trabar aún más esas iniciativas privadas.

A la fecha, según los expertos, existen más de 400 trámites que deben realizar las empresas mineras para sacar adelante un proyecto de mina, desde su fase de exploración, beneficio y producción, hasta la fase de cierre.

A esto se suma un nuevo proceso. En julio, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) publicó la resolución ministerial 286-2023 EM/DM, que incorpora un paso adicional: la Declaración de Cumplimiento de Compromisos Sociales Voluntarios para las operaciones mineras, de hidrocarburos y electricidad, y el formato para su presentación.

Antecedente

Hasta antes de esa resolución, explicó David Baraco, asociado senior del Estudio Rebaza, Álvarez y De las Casas, ya existía la obligación de las empresas de presentar declaración de compromisos sociales obligatorios.

Tal declaración la debían entregar, como parte de los instrumentos de gestión ambiental (IGA), como por ejemplo, estudios de impacto ambiental requeridos para cada proyecto, compromisos obligatorios cuyo cumplimiento supervisa el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam).

Nuevo procedimiento

Lo que hace esta nueva resolución, cita Baraco, es que aprueba un formato, que incorpora a los compromisos sociales voluntarios, aquellos que no están contenidas en el IGA, es decir amplía la obligación de reporte de compromisos que son privadas (acuerdo entre partes).

De esa forma, indica que, en adelante, esos compromisos sociales voluntarios, se volverán también fiscalizables (como ya lo son los obligatorios) por parte de la OEFA.

El problema, anotó el experto, es que los compromisos voluntarios suelen contener obligaciones muy específicas, por ejemplo, la entrega de ayuda social, o la realización por única vez, de alguna campaña en favor de las poblaciones, y que tienen carácter confidencial.

Mayor riesgo

Un problema más grave que genera esa resolución, refiere Baraco, es que habilita a que las poblaciones de las áreas de influencia de una mina, puedan presentar también información sobre los compromisos acordados con las empresas, ante la Oficina de Gestión Social del Minem.

El riesgo, observó, es que el dispositivo no establece condiciones de formalidad bajo las cuales las poblaciones presenten documentos que evidencien la obligación de algún acuerdo asumido por las compañías, lo cual podría ser aprovechado por terceras personas presentando documentos sin sustento o acuerdos inexistentes.

No se exige por ejemplo la presentación de las actas de reuniones o mesas de diálogo en las cuales las partes involucradas suelen firmar compromisos a cumplir entre ellas.

“(En los formatos para declaración de los compromisos) se puede reportar información que no es cierta, y puede ser perjudicial para la finalidad de la norma, que es poder destrabar ciertos proyectos desde la perspectiva social, y hacer fiscalizables las obligaciones sociales, y que la población sienta su cumplimiento”, advirtió el especialista.

Gestión consultó al Minem sobre el tema, pero hasta el cierre de la edición no se recibió respuesta del sector.

¿Y los compromisos del Estado?

Coincidió además en que, en estos formatos, tampoco existe la obligación de que el Estado reporte los compromisos que éste suele asumir en las denominadas mesas de diálogo, donde las autoridades ofrecen proyectos de carácter social que muchas veces no se cumplen.

En general, Baraco indicó que, hasta el momento, no perciben algún cambio en la normativa del sector minero, que contribuya a reducir los trámites para aprobación de proyectos de esa actividad.

“Se percibe la intención (de destrabar proyectos), pero todavía no se ha hecho nada, en la práctica no se ha materializado esta intención. Ninguna norma se emitió para simplificar estos procedimientos”, subrayó.