La nueva Ley Minera aprobada por el Congreso de la Unión en México establece cambios significativos en la industria minera del país, entre ellos, la exclusividad del Estado para la exploración de minerales a través del Servicio Geológico Mexicano. Sin embargo, se permite la colaboración de particulares en la exploración bajo ciertas condiciones y requisitos.

Con esta reforma, la duración de las concesiones mineras se reduce de 50 a 30 años, con posibilidad de prórroga de 25 años más. También se establece la obligación de entregar una contraprestación del 5% de la utilidad neta a pueblos y comunidades indígenas, y se eliminan la minería submarina y en áreas naturales protegidas.

En cuanto al suministro de agua, se prioriza el consumo humano y doméstico, y se establece la obligación de reciclar al menos el 60% del agua concesionada.