La cuenca del río Nanay, considerada el corazón hídrico de Iquitos, atraviesa una crisis ambiental alarmante. El agua que abastece a más de medio millón de personas está siendo contaminada por el avance de la minería ilegal, una actividad que, bajo el brillo del oro, deja una estela de mercurio, deforestación, violencia y corrupción en la Amazonía loretana.

Desde hace más de una semana, las comunidades indígenas y ribereñas de Chambira y Pintuyacu mantienen bloqueado el cauce del Nanay para exigir la intervención inmediata del Estado. Denuncian que los mineros ilegales han invadido los ríos y quebradas, transformando el bosque en zonas de extracción clandestina y poniendo en riesgo la salud de las familias locales.

“El oro está desplazando la pesca y la agricultura. Las familias ya no viven de la chacra ni del río, sino de una economía criminal que los pone en riesgo”, advierte el reciente informe “Oro Sombra: La expansión de la minería ilegal y sus efectos en la cuenca del río Nanay”, elaborado por la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

El estudio revela que el oro en Loreto alcanza precios históricos —hasta S/ 300 por gramo en las comunidades y S/ 340 en Iquitos—, lo que ha impulsado el interés de redes criminales vinculadas al lavado de activos, la trata de personas y el narcotráfico. Según DAR, esta “fiebre del oro” se ha expandido gracias a la complicidad de algunas autoridades locales y a la ausencia del Estado en las zonas afectadas.

Las mujeres amazónicas son quienes sufren las consecuencias más graves. Enfrentan la contaminación del agua que utilizan a diario, la pérdida de sus medios de vida y un incremento sostenido de la violencia. Muchas lideran comités de vigilancia ambiental o denuncian a los mineros ilegales, exponiéndose a amenazas y persecución.

En conversación con Wayka, Iris Olivera Gómez, abogada y coordinadora del Programa de Derechos de DAR, explica que la minería ilegal en el Nanay no es un fenómeno aislado, sino un reflejo de problemas estructurales nacionales. “Existen desafíos normativos que están debilitando la capacidad de sanción y control. Las constantes ampliaciones del Reinfo —el registro de formalización minera— son una muestra de esa permisividad”, afirma.

Olivera advierte además que recientes proyectos de ley buscan modificar la normativa de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPA), lo que permitiría realizar actividades mineras en cuerpos de agua, pese a que esto está prohibido por ley y por el Tribunal Constitucional. “Estas aperturas normativas no solo atentan contra la salud y el ambiente, sino que amplían el margen de acción del crimen organizado. En el Nanay vemos cómo esta permisividad se traduce en destrucción ambiental e impunidad”, enfatiza.

La especialista también alerta sobre el impacto social. “En zonas sin presencia estatal, las economías ilegales crean entornos muy vulnerables. Mujeres y niñas son captadas para trabajos forzados o explotación sexual”, explica. La deserción escolar alcanza el 70% en primaria y el 80% en secundaria, y las oportunidades laborales o educativas más cercanas están a más de cuatro horas de distancia. “No hay comisarías ni servicios de atención para mujeres. El Ministerio de la Mujer ni siquiera registra casos del distrito de Alto Nanay, lo que evidencia un abandono total”, denuncia.

Finalmente, Olivera señala que el Gobierno Regional de Loreto ha intentado tomar medidas, pero la magnitud del problema supera sus capacidades. Por ello, desde DAR y las comunidades se propone una declaratoria de emergencia para la cuenca del Nanay, con un enfoque integral en salud, seguridad, atención social y protección ambiental. “Esta no es solo una emergencia ambiental, sino también una crisis sanitaria y social. La contaminación con mercurio, la pérdida de alimentos y el avance del crimen organizado exigen una respuesta urgente del Estado”, concluye.