Ante el reclamo de gremios de mineros informales por la exclusión de más de 50 mil inscritos del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, aclaró que los afectados pueden ejercer su derecho a presentar recursos de reconsideración o apelación. “No estamos flexibilizando nada. Solo estamos recordando un derecho que asiste a todos los ciudadanos”, precisó en declaraciones a RPP.
Estas declaraciones se dieron en medio del inicio de una mesa técnica impulsada por la Presidencia del Consejo de Ministros, que trabajará durante 60 días con el objetivo de definir medidas concretas para mejorar el proceso de formalización minera y enfrentar con mayor eficacia la minería ilegal. Según Montero, la depuración del Reinfo se basa en los decretos supremos 009 y 012, emitidos con respaldo técnico y normativo.
El ministro subrayó que los mineros excluidos pueden presentar argumentos documentados ante la Dirección General de Formalización Minera o apelar al Consejo de Minería. “Si algún caso fue excluido erróneamente y cuenta con sustento, puede presentar su solicitud. Esa vía ha estado siempre habilitada y ha sido usada con frecuencia”, aseguró.
Montero también señaló que el descontento por las exclusiones ha sido un factor que ha contribuido a recientes protestas y bloqueos en diversas regiones. Sin embargo, aclaró que la vigencia del Reinfo no se ha prolongado por reconsideraciones, sino por sucesivas ampliaciones aprobadas por el Congreso. El objetivo, remarcó, es lograr una formalización real de los más de 31 mil registros activos hasta diciembre de 2025.
Respecto a los datos actuales del Reinfo, el ministro reveló que más de 16 mil registros operan en concesiones que no les pertenecen, y que el 70% de ellos están vinculados a pequeña minería o minería artesanal. Para facilitar la formalización, el ministerio apoyará la firma de contratos de explotación con los titulares de esas concesiones. Otros 3,600 registros ya están en concesiones propias o tienen contratos vigentes, por lo que solo deben completar sus obligaciones ambientales y productivas.
Finalmente, Montero indicó que existen 377 plantas procesadoras formalizadas, y que cualquier otra operación fuera de ese registro es considerada ilegal. Sobre la propuesta de una nueva ley para la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), reiteró que no se aprobará ninguna norma mientras no concluya la labor de la mesa técnica. “No se permitirá una ley que perpetúe la informalidad ni que sirva de escudo para actividades ilegales. La nueva norma debe fortalecer la legalidad”, concluyó.
