Tras la conclusión de la cuarta sesión de la mesa técnica sobre formalización minera, los dirigentes de la Confemin anunciaron que suspenderán su participación en este espacio hasta que el gobierno modifique el plazo de 90 días calendario para gestionar ante la Sucamec la autorización para la adquisición y uso de explosivos y materiales relacionados.

“Hemos decidido suspender nuestra participación en esta mesa, que supuestamente estaba destinada a resolver, pero ocurre todo lo contrario. Tras varias reuniones y días, solo hemos perdido el tiempo. Estamos ante una mesa de sordos donde no se escucha ni se soluciona el problema. Lamentamos la postura del ministro de Energía y Minas, y debo decir categóricamente que no conoce la realidad de la formalización minera”, señaló Máximo Franco Bequer, presidente de la Confemin.

El dirigente también anunció que en las próximas horas se reunirán con sus bases para analizar lo ocurrido en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y evaluar la posibilidad de retomar protestas para defender su derecho al trabajo. Advirtió que si no se prorroga el plazo para cumplir con el requisito hasta el 17 de agosto, miles de mineros quedarían fuera del proceso de formalización.

Cabe recordar que el decreto supremo establece un periodo de 90 días, iniciado en mayo, para que los mineros artesanales tramiten el permiso oficial para el uso de explosivos. Sin embargo, Bequer explicó que la falta de infraestructura, en especial el déficit de polvorines, hace imposible cumplir con este requisito.

“No existen polvorines suficientes para almacenar explosivos, por más que los busquemos. Parece que el ministro responde a otras directivas e intereses que buscan excluirnos. Ya han sacado a más de 50,000 personas y ahora planean excluir a más de 25,000. Esto demuestra una política sistemática para desaparecer la minería artesanal”, afirmó.

En respuesta, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, invitó a la Confemin y Fenamarpe a reflexionar y reincorporarse a la mesa de diálogo, una vez que analicen el comunicado y la resolución que se publicarán próximamente para precisar el carácter del requisito sobre explosivos. “El Ministerio de Energía y Minas ha dejado claro que esta norma aún no puede aplicarse porque falta información de los gobiernos regionales. No se pretende derogarla, sino aclarar su naturaleza con una norma de menor rango,” explicó.

Finalmente, Arana indicó que el proceso contra la minería ilegal continuará sin ceder ante presiones para modificar las normas vigentes. Destacó tres puntos de consenso en la mesa técnica: el acompañamiento a los más de 30,000 mineros artesanales para su formalización, la incorporación de operadores no legalizados para que accedan a beneficios, y la presentación de un nuevo proyecto de Ley Mape para la próxima Comisión de Energía y Minas, que podrá ser enriquecido por gremios y expertos del sector. “Nos quedan cuatro sesiones para elaborar normas y debatir consensos”, concluyó.