La minería artesanal y en pequeña escala (MAPE) fue reconocida legalmente en Perú desde 2002 con la Ley N° 27651, que marcó un proceso de descentralización donde los gobiernos regionales asumieron la responsabilidad de la formalización. Sin embargo, a pesar de varias normas y esfuerzos del Estado, los avances han sido limitados y los resultados no han alcanzado las metas propuestas. Hasta el 23 de mayo de 2025, se registraron 82,166 operadores en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), pero solo 20,684 permanecen activos, mientras que más del 75% están suspendidos. Esta realidad muestra que el problema no se reduce a cifras, sino que responde a causas más profundas, como explica José De Echave, exviceministro de Gestión Ambiental e investigador de CooperAcción.

El crecimiento acelerado de la MAPE se explica por tres factores principales: el alza en los precios de minerales como el oro, la falta de oportunidades económicas alternativas para las comunidades y la limitada capacidad institucional para fiscalizar y controlar los territorios mineros. Además, un gran obstáculo para la formalización es la normativa vigente, que exige a los mineros acreditar un contrato de explotación, documento difícil de obtener. Muchos trabajan en concesiones extinguidas, lo que los deja fuera de cualquier procedimiento legal. Franco Bequer, presidente de Confemin, propone cambiar este requisito y en su lugar incluir el derecho de servidumbre para que puedan operar en denuncios abandonados, recordando que el recurso natural pertenece al Estado y que este debe promover la formalización.

En todo el país, se han otorgado derechos mineros sobre aproximadamente 21 millones de hectáreas en zonas con gran riqueza geológica, lo que provoca una saturación territorial y limita la liberación de espacios para una minería más ordenada. Ante esto, De Echave destaca la urgencia de revisar la política de concesiones mineras, pero el diálogo con las autoridades no ha sido fluido, como demuestra la cancelación de una entrevista con el director general de Formalización Minera del Minem, Máximo Gallo. Por su parte, expertos como William Zabarburú insisten en que para solucionar la expansión descontrolada de la MAPE es indispensable un ordenamiento territorial riguroso que defina claramente qué zonas son aptas para la minería.

La falta de planificación ha generado superposiciones entre concesiones mineras y otros usos del suelo, afectando ecosistemas sensibles, especialmente en la Amazonía. Entre 2020 y 2024, el Ingemmet otorgó 510 concesiones en áreas frágiles, lo que ha provocado conflictos entre la gran minería y los mineros artesanales, quienes invaden territorios de comunidades campesinas y áreas protegidas, e incluso realizan actividades directamente en ríos con dragas, causando daños ambientales severos. Organizaciones indígenas como el Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) han denunciado el avance de la minería ilegal y la deforestación masiva que esta ha generado, con más de 40 dragas operando en ríos importantes de la región.

Pese a la gravedad de estos problemas, las voces de estas comunidades han sido excluidas de las mesas de diálogo impulsadas por la Comisión de Energía y Minas para debatir una reforma de la ley MAPE, que busca reemplazar el Reinfo, un sistema que muchos califican como un manto de impunidad. Aunque la discusión estaba programada para mayo, la convocatoria no se concretó, dejando en evidencia la falta de acuerdos y voluntad política. Esta situación se enmarca en una disputa de intereses donde la gran minería busca terminar con el Reinfo, mientras que los mineros informales han logrado prórrogas que mantienen vigente el registro.

El Ministerio de Energía y Minas envió recientemente una serie de propuestas al grupo de trabajo liderado por Paul Gutiérrez para la nueva ley, incluyendo temas como la trazabilidad del oro, beneficios tributarios y mecanismos de inclusión financiera. Sin embargo, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) aclaró que esas propuestas no reflejan su postura oficial, evidenciando la falta de consenso en el sector. Para José De Echave, queda poco tiempo para que el Congreso apruebe una nueva ley MAPE, por lo que probablemente se termine extendiendo nuevamente el Reinfo, sobre todo considerando la débil autoridad del Ministerio y la baja popularidad del actual gobierno.

En contraste, Franco Bequer confía en que el dictamen de la Comisión de Energía y Minas se aprobará antes del fin de la legislatura, aunque advierte que no descartan volver a la movilización social para ejercer presión, tal como sucedió el año pasado. Entre las propuestas de su gremio destacan el reconocimiento del derecho de servidumbre, la creación de una ruta formal para la comercialización del oro, el reconocimiento del quinto estrato que incluye a las mujeres dedicadas a la selección manual de minerales, y la obligatoriedad de que las cuentas bancarias de los mineros estén en el Banco de la Nación para asegurar la trazabilidad.

Tanto especialistas como dirigentes coinciden en que es fundamental revisar la política de concesiones mineras, mejorar los sistemas de trazabilidad y comercialización del oro, promover el ordenamiento territorial y fortalecer los controles ambientales para avanzar hacia una minería artesanal más sostenible y formalizada. Sin estos cambios estructurales, el problema de la minería informal seguirá afectando no solo al sector minero sino también a las comunidades y el medio ambiente en Perú.