México se posiciona entre los países con mayores desafíos en materia de seguridad para el sector minero. De acuerdo con datos recientes de la Cámara Minera de México (Camimex), el 97 % de las empresas del rubro reportaron haber sido víctimas de algún tipo de delito durante el año 2025, lo que pone en evidencia la fragilidad operativa frente a la criminalidad.

Los incidentes afectan principalmente a operaciones ubicadas lejos de los centros urbanos. Entre los delitos más reportados figuran el robo hormiga, extorsiones, sustracción ilegal de minerales, hurto de materiales y casos de secuestro. También se han registrado robos de combustibles, insumos y hasta asesinatos en rutas de transporte minero. Las entidades con más denuncias son Durango, Zacatecas y Guanajuato.

Las consecuencias de esta situación no solo son de orden legal o de seguridad, sino también económicas. Camimex estima que la inseguridad genera un aumento de hasta 5 % en los costos operativos y ocasiona mermas productivas que pueden alcanzar el 7 %, comprometiendo la rentabilidad de los proyectos y elevando la percepción de riesgo entre los inversionistas.

En el plano internacional, México quedó en el puesto 84 de 86 en las variables de seguridad del Fraser Institute en 2023, un dato que refleja la pérdida de competitividad en atracción de capitales. Ante esta situación, Camimex ha propuesto implementar mesas de diálogo con autoridades, mejorar los sistemas de denuncia y desarrollar estrategias preventivas adaptadas a las condiciones específicas de cada región minera.

Pese a estos desafíos, la minería sigue siendo una actividad clave para el desarrollo nacional. Aporta empleos, ingresos fiscales y es fundamental para sectores como la construcción, la tecnología limpia y las energías renovables. Enfrentar la inseguridad con enfoques integrales no solo protegerá las inversiones existentes, sino que también generará confianza para nuevos proyectos y fortalecerá el tejido social en las zonas mineras.