Las recientes reformas legales en México han provocado un cambio significativo en el panorama de la minería, con implicaciones profundas para la exploración y concesión de derechos mineros. Este análisis exhaustivo busca comprender cómo estas reformas afectarán a la industria en los próximos años.

En mayo, se realizaron modificaciones a cuatro leyes relacionadas con la minería, las cuales aún están pendientes de la publicación de sus reglamentos. Estas reformas establecen un sistema de subastas para otorgar concesiones y otorgan derechos exclusivos de exploración al Servicio Geológico Mexicano (SGM) y otras entidades públicas, una medida que ha sido criticada por la industria.

Carlos Silva, tesorero de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), expresó que los mineros no abandonarán el país de inmediato, pero se espera que el éxodo comience en un lapso de tres años. Esta es una respuesta al tiempo necesario para adaptarse a los cambios legislativos y a la incertidumbre generada.

La nueva legislación permite acuerdos de exploración por cinco años no extensibles con individuos que posean información sobre minerales en lotes no asignados. Si se encuentran minerales económicamente extraíbles, estos individuos podrán obtener la concesión si ofrecen al menos el 90% de la oferta más alta y cumplen con los requisitos legales.

Sin embargo, las empresas mineras más pequeñas temen no poder competir contra firmas con mayor poder económico y especulan sobre posibles dificultades en el proceso de licitación.

Silva también señaló la complejidad de la ley en cuanto a los tipos de exploración y las discrepancias entre el conocimiento de los mineros y la comprensión de los legisladores sobre la industria. Esta falta de claridad en la ley genera incertidumbre sobre cómo y cuándo se realizarán estos acuerdos con el Estado.

Para 2024, se espera una disminución en la inversión en exploración, lo que podría llevar a una reducción de la actividad minera en México y al eventual retiro de algunas compañías. La inversión en exploración ha disminuido significativamente desde su máximo en 2012, con una inversión de alrededor de 572 millones de dólares en 2022, comparada con 1.1 mil millones en 2012.

Actualmente, las compañías mineras, especialmente las extranjeras, están en una especie de modo de espera, anticipando mayor claridad en los aspectos más problemáticos de las leyes una vez publicados los respectivos reglamentos. El panorama político también es un factor, con la elección de un nuevo gobierno en junio.

Los analistas de Control Risks y Moody’s han expresado que las inversiones mineras son a muy largo plazo y que el período electoral probablemente influirá en la postura del sector. Rosa Morales, analista de Moody’s Investors Service, destacó la importancia de las agendas de los candidatos presidenciales en las análisis futuros.

México se mantiene como uno de los principales productores mundiales de cobre y plata, entre otros metales. La evolución de su marco legal y político será clave para determinar la dirección de esta industria crucial.