El 2026 se perfila como un año favorable para el sector minero peruano, pese al avance de la minería ilegal y a la incertidumbre política asociada a las próximas elecciones generales. Estos factores generan ruido en el entorno, pero no logran frenar las perspectivas positivas de la industria.

El optimismo se sustenta en la estabilidad macroeconómica del país y en el sostenido aumento de los precios de los metales, especialmente del cobre, el oro y la plata. Estos elementos, señala María Cristina Alva, socia de minería de CMS Grau, mantienen la confianza de los inversionistas y refuerzan el atractivo del Perú como destino minero.

Según la especialista, este escenario se mantendrá más allá de quién resulte electo presidente, ya que la minería representa alrededor del 11% del PBI y una fuente clave de ingresos fiscales y divisas. Cualquier gobierno, afirma, tendrá que preservar condiciones favorables para el sector.

Las exportaciones mineras reflejan este buen momento. Para 2025 se proyecta un nuevo récord de ingresos por divisas, superando los US$47.934 millones alcanzados en 2024, impulsados principalmente por los elevados precios internacionales.

Las inversiones mineras también muestran una recuperación progresiva, incluyendo las destinadas a exploración, un rubro que se había debilitado en años recientes por políticas públicas que dificultaban la atracción de capitales. Así lo sostiene Gustavo De Vinatea, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

A octubre de 2025, la inversión en exploración minera alcanzó los US$597 millones, según cifras del Ministerio de Energía y Minas. De Vinatea estima que esta tendencia no solo se mantendrá, sino que se fortalecerá en 2026, lo que abre expectativas para el descubrimiento de nuevos yacimientos.

El ejecutivo advierte, sin embargo, que el país enfrenta un déficit de nuevos proyectos de gran escala, recordando que Quellaveco ha sido el último gran desarrollo minero. Esta ausencia limita la capacidad de aprovechar plenamente los altos precios mediante un aumento sostenido de la producción.

De hecho, el crecimiento de los ingresos recientes responde más al efecto precio que a mayores volúmenes. Entre enero y octubre, la producción de cobre creció apenas 3% y la de oro solo 0,4%, lo que evidencia una oportunidad desaprovechada para expandir la oferta.

Los expertos coinciden en que, para revertir esta situación, es necesario enfrentar tres desafíos estructurales: el avance de la minería ilegal, las demoras en la obtención de permisos y la persistente conflictividad social en zonas de influencia minera.

Sobre el primer punto, Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, advierte que el crecimiento del sector en 2026 estará impulsado por los precios, pero que la minería ilegal representa una amenaza seria para las perspectivas de largo plazo, afectando tanto a la minería aurífera como a proyectos de cobre.

Finalmente, el sector también observa con atención los avances en la reducción de plazos para permisos ambientales y la puesta en marcha de nuevos proyectos. Iniciativas como Tía María, Zafranal y Pampa de Pongo, junto con el avance de La Granja y Michiquillay, podrían marcar un punto de inflexión en 2026, en un contexto de precios altos y renovado interés por el cobre y el oro.