La comunidad de Kalusale, en Zambia, ha sido escenario este año de una de las peores crisis ambientales vinculadas a la minería a nivel global. Un derrame masivo de residuos tóxicos provenientes de la mina operada por Sino Metals Leach Zambia Ltd., filial estatal china, ha desencadenado una compleja trama legal, diplomática y sanitaria cuyas consecuencias siguen acumulándose en vidas humanas, territorio contaminado y tensiones internacionales.

El incidente ocurrió en febrero, cuando se liberaron hasta 1.5 millones de toneladas de desechos altamente ácidos cargados de metales pesados. La empresa Drizit Environmental, contratada para evaluar los daños, confirmó que cerca de 900,000 metros cúbicos de jales contaminantes permanecen expuestos, afectando a comunidades enteras. La contaminación ha alcanzado suelos, cuerpos de agua y fuentes de subsistencia local.

Entre los contaminantes identificados se encuentran cianuro, arsénico, plomo, cobre, zinc, cadmio y cromo, todos en niveles peligrosos. La exposición prolongada a estos metales puede causar daños irreversibles a la salud, incluyendo cáncer, malformaciones congénitas y fallos orgánicos. En total, 47 viviendas cercanas al área afectada han quedado inhabitables debido a la proximidad con el foco del desastre.

Ante la magnitud de la emergencia, los estudios legales Malisa & Partners y Malambo & Co. han interpuesto reclamos formales exigiendo una compensación de US$ 420 millones. Este monto estaría destinado a la reubicación de las familias afectadas, la creación de un fondo médico de emergencia, la restauración de medios de vida y la realización de análisis ambientales independientes que certifiquen el verdadero impacto del derrame.

Sino Metals ha confirmado la recepción de estos reclamos, pero no ha emitido una respuesta sustantiva. Desde China, el Ministerio de Asuntos Exteriores declaró que la empresa “ha asumido activamente su responsabilidad” y ha cooperado con el gobierno zambiano. Sin embargo, las autoridades locales han evitado pronunciarse de manera directa sobre las nuevas exigencias legales, manteniendo una postura ambigua.

Este desastre llega en un contexto de alta dependencia económica de Zambia en la minería, especialmente del cobre, considerado un mineral estratégico para la transición energética global. La fuerte presencia china en el sector minero ha sido, en muchos casos, motor de desarrollo, pero también fuente de tensiones por la debilidad de los marcos regulatorios y la falta de supervisión efectiva.

La controversia escaló aún más cuando Sino Metals despidió a Drizit Environmental, acusándola de incumplimiento contractual. La empresa sudafricana defendió sus hallazgos, alegando que su metodología fue rigurosa y que su despido buscó desacreditar los resultados del estudio. Paralelamente, análisis oficiales del gobierno zambiano confirmaron niveles tóxicos en muestras de agua, contradiciendo informes iniciales que minimizaban el impacto.

Más allá de Kalusale, el caso se ha convertido en un símbolo de los dilemas modernos de la minería: entre el impulso por extraer minerales clave y la obligación de proteger el ambiente y a las comunidades. Este episodio plantea la necesidad urgente de fortalecer la regulación ambiental, establecer estándares de rendición de cuentas y asegurar que los beneficios del desarrollo no vengan acompañados de catástrofes evitables.