El Ministerio de Energía y Minas (Minem) presentó observaciones técnicas clave a la nueva Ley MAPE (Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal), luego de que la Comisión de Energía y Minas del Congreso archivara un predictamen que proponía cambios al marco actual y que podrían haber afectado derechos de propiedad y normativas ambientales.

El viceministro de Minas, Ronald Ibarra, destacó cinco puntos técnicos que requieren evaluación. El primero se refiere a la modificación de las competencias entre el Minem y los gobiernos regionales. Según Ibarra, el predictamen prohíbe delegar fiscalización ambiental a los gobiernos regionales, lo cual, de concretarse, chocaría con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que ya otorga esa facultad.

El segundo punto apunta al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), referido en el artículo 16 del predictamen. Ibarra advirtió que, una vez concluido el proceso de formalización en diciembre de 2025, no hay claridad sobre cómo los operadores registrados quedarían dentro del nuevo esquema, ni se define cómo proceder frente a posibles operadores ilegales.

El tercer punto abordado trata sobre la figura de la servidumbre minera, contemplada en el artículo 28. Según el Minem, esto podría implicar una vulneración del derecho de propiedad y una expropiación indirecta, al obligar al concesionario a transferir parte de su concesión a terceros sin garantías constitucionales, lo que podría generar demandas millonarias.

El cuarto punto hace referencia al uso de equipos mecánicos en minería aluvial (artículos 49 y 55 y disposición complementaria). Ibarra recordó que el Decreto Legislativo N° 1100 prohíbe estas prácticas en cuerpos de agua y que dicha norma fue validada por el Tribunal Constitucional en 2012. Cualquier cambio requeriría un debate nacional profundo por su alto impacto ambiental.

Finalmente, el quinto punto critica la propuesta de eximir de responsabilidad penal a mineros en proceso de formalización. Ibarra enfatizó que el Tribunal Constitucional ha establecido que los delitos ambientales no pueden quedar amparados por un marco legal de formalización, ya que el Estado sigue obligado a proteger el medio ambiente y garantizar el cumplimiento de la ley.

En resumen, el Minem urge que la Comisión revise y profundice el predictamen, asegurando que la futura Ley MAPE preserve las atribuciones regionales, la claridad del registro de formalización, los derechos de propiedad, la protección ambiental y la responsabilidad penal ante infracciones.