Mendoza, reconocida a nivel internacional por su industria vitivinícola y la producción de uva Malbec, avanza hacia una nueva etapa de desarrollo económico con la minería de cobre. El proyecto San Jorge, ubicado en el departamento de Las Heras, logró en 2024 superar una serie de obstáculos regulatorios que durante más de una década impidieron el avance de iniciativas extractivas en la provincia.

La iniciativa es impulsada por Zonda Metals, una empresa con sede en Suiza, y se convierte en el primer proyecto de cobre con respaldo político en una jurisdicción históricamente reticente a la minería metálica. Esta aprobación marca un cambio significativo en la política productiva provincial, orientado a diversificar la economía en un contexto de creciente demanda global por minerales críticos.

San Jorge contempla una inversión cercana a los 300 millones de dólares y una vida útil inicial estimada en 16 años. El yacimiento, ubicado a unos 150 kilómetros al norte de la ciudad de Mendoza, tiene el potencial de producir alrededor de 40 mil toneladas anuales de cobre en concentrado, además de oro como subproducto relevante.

De cumplirse los plazos previstos, la etapa de construcción comenzaría en noviembre próximo y las operaciones comerciales se iniciarían en 2028. El proyecto busca posicionarse como un nuevo polo productivo en una provincia con escasa tradición minera, pero con condiciones geológicas favorables en la franja cordillerana.

El aval político actual contrasta con el rechazo que enfrentó el proyecto en 2011, cuando fue desestimado por el Senado provincial tras masivas protestas sociales. En ese entonces, sectores ambientalistas y productores agrícolas advirtieron sobre posibles riesgos para el agua, recurso clave para la vitivinicultura y la agricultura de regadío.

Más de una década después, el escenario internacional ha cambiado. El precio del cobre alcanzó máximos históricos en 2024, impulsado por la transición energética, la electrificación y el crecimiento de las energías renovables. En paralelo, Argentina busca consolidarse como proveedor de minerales estratégicos en un mercado cada vez más competitivo.

Pese a la aprobación técnica y legislativa, el proyecto aún enfrenta resistencias. Organizaciones sociales y ambientales sostienen que San Jorge no cuenta con la licencia social necesaria y anunciaron acciones judiciales para frenar su ejecución, cuestionando el estudio de impacto ambiental. El gobierno provincial, por su parte, asegura que el proceso cumplió con la normativa vigente.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto se desarrollará mediante minería subterránea, lo que reduce su impacto superficial en comparación con explotaciones a cielo abierto. Además, prevé el uso de sistemas de circuito cerrado para el manejo del agua, una medida clave en una provincia altamente dependiente del deshielo cordillerano.

Los impulsores del proyecto destacan su impacto económico, con la generación de más de 1,500 empleos directos e indirectos y la creación de oportunidades para proveedores locales. También subrayan el aporte fiscal a través de regalías e impuestos, en una provincia con limitaciones presupuestarias y necesidad de nuevas fuentes de ingresos.

El avance de San Jorge se inscribe en una tendencia regional más amplia, impulsada por el auge del cobre en la cordillera andina. El desafío para Mendoza será compatibilizar esta nueva actividad con su identidad vitivinícola, demostrando que la minería puede desarrollarse bajo controles ambientales estrictos sin comprometer la sostenibilidad de sus recursos ni su prestigio productivo.