Lupaka Gold Corp. contrató investigadores para rastrear activos del Estado peruano en el extranjero, con la intención de avanzar hacia incautaciones en las próximas semanas si no recibe respuesta del gobierno. La decisión se produce tras el laudo arbitral que otorgó a la minera una indemnización de US$67 millones en junio, por la incapacidad de Perú para contener protestas comunitarias que obligaron a suspender las operaciones en la mina Invicta.

Según la compañía, el abanico de activos potencialmente embargables es amplio. Gordon Ellis, presidente de Lupaka, señaló que uno de los objetivos es la petrolera estatal Petro-Perú, que mantiene deudas significativas y realiza pagos periódicos asociados a esas obligaciones. También mencionó barcos, bienes inmuebles y flujos vinculados al servicio de bonos soberanos peruanos.

Ellis sostuvo que Lupaka ha enviado comunicaciones a prácticamente todos los funcionarios gubernamentales que podrían tener responsabilidad en el pago del laudo, sin obtener respuesta. A su juicio, la falta de interlocución refleja una ausencia de acción por parte del gobierno peruano, lo que empuja a la empresa a escalar el conflicto a instancias internacionales.

El caso empieza a generar inquietud en la industria minera peruana del cobre y el oro, al sentar un precedente que podría facilitar nuevas reclamaciones. En ese contexto, Lupaka planea confrontar a funcionarios peruanos en marzo durante la convención anual de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC), uno de los principales foros mineros del mundo.

Ellis subrayó que la estrategia también busca exponer públicamente el incumplimiento del pago, en contraste con los esfuerzos de Perú por atraer inversión minera. Recordó que, aunque el gobierno anunció recientemente un acuerdo con Kuntur Wasi para condonar intereses de un arbitraje vencido, el caso de Lupaka es distinto, ya que el laudo incluye intereses que continúan acumulándose a una tasa cercana a 9% anual.