La provincia de Carabaya, en la región Puno, tiene 4.7 millones de toneladas de carbonato de litio de alta pureza, y 130 millones de libras de uranio para centrales nucleares.

Entre los dos minerales el que está en el ojo de los aimaras, es el litio. Este mineral es demandado en el mundo para la fabricación de baterías de smartphones y autos eléctricos. Pero, además es un recurso de interés geopolítico porque desplazaría a Argentina, Chile, y Bolivia. Estos tres países forman el triángulo de la producción de litio en Latinoamérica.

Las poblaciones aimaras y quechuas, determinaron que el litio no saldrá de Puno, si es que no existe beneficio directo para los 110 distritos y 13 provincias. El pedido es independiente al canon e impuesto a la renta que pueda generar. Además, demandan que su industrialización se desarrolle en Puno.

La República buscó la versión de Ulises Solís, gerente general de Macusani Yellowcake. Esta firma tiene la concesión de litio y uranio en la provincia de Carabaya.

Solís, dijo que las reservas dadas a conocer podrían ser mayores. Explicó que en la actualidad vienen desarrollando el estudio de impacto ambiental semidetallado. Este documento servirá para saber las “reservas probadas”, las cuales podrían ser mayores a las que se conoce hasta ahora. Aún no hay autorización de explotación.

Consultado sobre la posición de las poblaciones quechuas y aimaras, Ulises Solís, sostuvo que “todos pueden querer un beneficio, pero lamentablemente la ley señala un área de influencia directa y una indirecta. Y eso es lo que se respeta. Qué hubiese pasado si el yacimiento se encontraba en Ilave. Entonces quién se beneficia, las zonas aimaras. Los quechuas no tendrían que hacer ahí. Lamentablemente, ese es el destino del país”, dijo.

El empresario precisó que se limitarán a cumplir lo que estipula la ley, respecto a la exigencia para explotar el litio. “Nosotros vamos a respetar lo que manda la ley, la Constitución, la ley general de minería. En tanto no se modifique, tendremos nada más que ceñirnos en lo que dice la normativa legal”.

Ulises Solís, precisó que la decisión que tomaron los aimaras, no necesariamente tiene porqué acatar. “Porque ellos hayan acordado algo, no tenemos que respetarlo. Entonces que gobiernen ellos el país. (…) Si ellos acuerdan que el beneficio sea para los 110 distritos, como quieran llamarlo, tiene que haber una ley. (…)”, precisó.

Por su parte, Rubén Apaza, dirigente aimara, aseguró que el recurso debe beneficiar a todos los peruanos independientemente del canon y otro. Consideró que el caso tiene que llevarse a un gran debate.

Concesiones. Macusani Yellowcake, a través de diversas personas jurídicas, tiene 167 concesiones mineras a lo largo de 92 mil km2 de terrenos. El área comprobada donde hay restos arqueológicos representa aproximadamente el 30% del total de la concesión.

La República