La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe sobre presuntas violaciones de derechos humanos durante las protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. En ese documento se realizan señalamientos falsos o inexactos con respecto a la economía del país. Perú21 conversó con tres expertos para contrastar las afirmaciones vertidas.

“La economía peruana está basada, primordialmente, en un modelo extractivista, cuyas regalías no han contribuido a reducir significativamente la desigualdad ni han traído desarrollo a las regiones donde predominan los pueblos indígenas y las comunidades campesinas”.

Carlos Casas, exviceministro de Economía, consideró que esta afirmación es falsa. “La actividad extractiva, entre minería e hidrocarburos, no pesa más de 14% del PBI (…). El 85% no está relacionado a las industrias extractivas”, dijo. En ese sentido, resaltó que manufactura y comercio también son sectores grandes dentro la economía peruana.

Con respecto a la desigualdad, el exviceministro señaló que, según un estudio realizado por él, la minería reduce la desigualdad de forma temporal. No obstante, indicó que del total de la renta que genera la minería y recauda el Estado, el 50% se destina a gobiernos locales y municipalidades, quienes, indicó, son los encargados de buscar reducir la desigualdad.

“Una de las fuentes de conflictividad social histórica se relaciona con el modelo extractivista que incluye concesiones de largo término con beneficios tributarios”.

Casas señaló que en el Perú, la presión tributaria sobre empresas extractivas es similar a la de Canadá, Australia o Chile. En ese sentido, indicó que el Estado retiene alrededor del 50% de la renta que genera la minería.

Por su parte, el economista Iván Alonso consideró que los beneficios a los que se refiere el informe serían la depreciación acelerada de inversiones mineras -que se aplica a otros sectores- y los contratos de estabilidad. No obstante, señaló que no se cobra menos impuestos a las mineras, sino que se establece un contrato de estabilidad para que las condiciones del régimen contractual no cambien. “Ese es el único privilegio y a cambio de eso se paga 2 puntos más de impuesto a la renta”, señaló.

“Los pueblos indígenas y las comunidades campesinas en áreas rurales también han sido los más afectados por los pasivos ambientales de las industrias extractivas”

Anthony Laub, experto en temas energéticos y de hidrocarburos, señaló que el Perú es uno de los países con mayor regulación ambiental sobre este tipo de actividades. En ese sentido, aseguró que al menos cuatro entidades públicas se encargan de supervisar el cumplimiento de la regulación ambiental de este sector.

“Las actividades que están más reguladas ambientalmente son la minería, el petróleo y el gas. No solamente que son las más reguladas, también son las más fiscalizadas por todas las entidades correspondientes”, resaltó Laub.

Para Alonso, cada caso de presunta contaminación debe observarse. Sin embargo, coincidió con Laub y resaltó que las empresas mineras de los últimos años cuentan con estándares más exigentes.

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