El Instituto Peruano de Economía (IPE) analiza los principales desafíos que enfrenta el país de cara al próximo año electoral. Entre ellos destaca la necesidad de generar un entorno propicio para la inversión privada, que impulse el empleo y reduzca la pobreza de manera sostenida. Al mismo tiempo, será crucial combatir las economías ilegales y la inseguridad, retomar un manejo fiscal responsable y asegurar la provisión de servicios públicos de calidad.
Uno de los retos más urgentes es frenar el avance de la minería ilegal. Según el IPE, el valor del oro ilegal exportado podría igualar en 2025 al de origen legal, con consecuencias graves: ocupa áreas naturales protegidas como Tambopata (Madre de Dios), compite con la minería formal en Apurímac y La Libertad, afecta proyectos en cartera por US$12 mil millones y se instala en zonas donde no se permitió minería formal, como Conga en Cajamarca.
La inversión privada sigue siendo el principal motor de crecimiento. El IPE proyecta un aumento de 9,6% en 2025, la mayor alza desde 2013 sin considerar el rebote postpandemia. Sin embargo, el dinamismo del sector dependerá de una menor turbulencia política e institucional, ya que desde 2016 el país ha experimentado constantes cambios en cargos clave: 8 presidentes, 20 primer ministros y 17 ministros de economía.
La disciplina fiscal es otro desafío. La solidez de las finanzas públicas se ha visto afectada por leyes que incrementan el gasto, especialmente en remuneraciones, que pasaron de representar 26% del presupuesto entre 2000 y 2018 a 36% proyectado para 2026. Retomar un manejo fiscal responsable implicará controlar el gasto público y aumentar de manera predecible la recaudación tributaria.
La seguridad ciudadana sigue siendo una prioridad, dado que el 70% de la población identifica crimen y violencia como principales preocupaciones. Esta situación eleva los costos de seguridad para hogares y empresas, desalienta la inversión y afecta el turismo. Fortalecer la policía y el sistema de justicia, implementar prevención integral del delito y aprovechar tecnología e inteligencia serán medidas clave.
El empleo juvenil también requiere atención. Desde 2022, la inserción laboral de los jóvenes ha caído de manera sostenida, con 12 trimestres consecutivos de descenso en Lima Metropolitana y casi 300 mil jóvenes menos trabajando que en 2019. La situación ha incrementado la incidencia de “ninis”, especialmente mujeres afectadas por trabajo doméstico no remunerado. Impulsar inversión privada y flexibilizar el mercado laboral son pasos fundamentales para revertir esta tendencia.
Finalmente, asegurar servicios públicos básicos de calidad es esencial. Más de tres millones de personas carecen de agua potable, menos del 40% de hogares tiene acceso a agua segura y más del 50% de locales de educación básica requieren reconstrucción total. En salud, solo el 43% de los establecimientos del primer nivel de atención opera al menos 12 horas diarias. Reducir estas brechas es clave para el bienestar de la población y la competitividad regional.
