Carlos E Paredes – Economista, docente de la Escuela de Posgrado de la U. Continental
Los retos son enormes, pero con la participación de los grupos de interés, y asegurando la transparencia en el uso de los recursos, se puede llegar lejos.
1. La pérdida de dinamismo de la economía peruana es notoria. El crecimiento potencial estimado de nuestra economía se ha reducido a menos de la mitad en los últimos diez años. Parte importante de esta caída se explica por la desaceleración de la inversión, sobre todo aquella en la industria extractiva.
2. Inversiones por decenas de miles de millones de dólares no se ejecutan debido a que no se logra obtener la denominada licencia social. La conflictividad social no solo afecta a la inversión, también aflige a la producción del sector extractivo. Lo hemos verificado recientemente con los constantes problemas del corredor minero y con la paralización de las operaciones del oleoducto durante más de un año.
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3. Si la industria extractiva hubiera obtenido la licencia social requerida para operar e invertir con normalidad en la última década, nuestra economía probablemente hubiese crecido entre 1% y 2% más al año. Esto hubiese implicado más de treinta mil millones de soles adicionales en recaudación fiscal acumulados durante este periodo y, muy probablemente, entre 1.5 y 2.5 millones de peruanos que hoy son pobres no estarían en situación de pobreza.
4. En muchos casos, las empresas fracasaron en obtener la licencia social por la desconfianza de las comunidades respecto a la actividad extractiva. Aparentemente, estas prefieren asumir el costo de que esta actividad no se desarrolle debido a que consideran “injusta” la distribución de los beneficios que esta genera. De hecho, diversos experimentos conductuales dentro de la economía del comportamiento brindan apoyo a esta hipótesis. Claramente, si la percepción de inequidad no es mitigada, esta continuará bloqueando la inversión y el crecimiento económico.
5. Aquí cabe preguntarse por qué el canon no ha ayudado a mitigar este problema. Un importante actor de la industria responde señalando que “el canon no ha tenido el efecto deseado debido a su mala distribución y pésima ejecución”. En efecto, en el caso del canon y sobrecanon petrolero de Loreto, los distritos productores reciben una ínfima parte de estos recursos; mientras que la falta de capacidad de gestión de los gobiernos locales –en algunos casos junto a la corrupción– no permite visibilizar los recursos que genera la industria.
6. Parte de la solución pasa por revisar la distribución del canon, asignando un mayor porcentaje a los distritos productores. Pero esto puede no ser suficiente. Las comunidades necesitan sentir equidad, ver un esfuerzo directo de la empresa y que este permita alinear intereses.
Diversas empresas y proyectos han empezado a compartir directamente los beneficios de la actividad con las comunidades; tal es el caso de los Fondos de Desarrollo Social de Southern en Michiquillay y de PetroTal en el Lote 95 en Puinahua, Minera IRL fue una pionera en esta materia en Puno.E Los retos son enormes, pero con la participación de los diferentes grupos de interés, y asegurando la transparencia en el uso de los recursos, se puede llegar lejos dejando atrás el absurdo entrampamiento en que nos encontramos.
