En medio de un panorama donde las decisiones políticas chocan con las necesidades de seguridad y desarrollo económico del país, el sector minero continúa siendo un pilar fundamental. Según datos proporcionados por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), la minería formal ha experimentado un notable crecimiento en la generación de empleo.

En enero de 2024, se registraron 227,259 puestos de trabajo directos, lo que representa un incremento del 6.4% en comparación con el año anterior. De acuerdo con la última edición del Boletín Estadístico Minero (BEM), la mayor cantidad de trabajo se da en las regiones de Arequipa, La Libertad, Áncash, Moquegua, Junín, Ica y Pasco.

Esta tendencia refleja el impacto positivo que la minería formal puede tener en la economía y en la vida de miles de peruanos que encuentran en este sector una fuente de sustento y desarrollo.

Por otro lado, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, expresó el compromiso del Estado en mejorar las condiciones de seguridad ciudadana y de vida de la población afectada por la minería ilegal en Pataz, La Libertad. Sin embargo, se necesita un real compromiso con ello. La población de esta zona debe sentirse protegida y no basta con una declaración de emergencia. Además, la promulgación de leyes que debilitan las medidas de control solo contribuye a socavar estos esfuerzos y a brindar un ambiente propicio para el crecimiento del crimen organizado.

La reciente promulgación de una ley que debilita el Decreto Legislativo 1607, diseñado para combatir la minería ilegal, ha generado preocupación y molestia entre diversos sectores. Esta medida plantea interrogantes sobre el compromiso real del Gobierno en la lucha contra la actividad ilegal y sus repercusiones en la seguridad y estabilidad del país. César Ipenza, abogado especialista en minería, señaló a un medio local que era previsible que el Ejecutivo promulgaría la norma aprobada por el Congreso por el acuerdo de cogobierno que tienen.

En este sentido, el equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales sigue siendo un desafío crucial para el país.

Solo a través de un enfoque integral y colaborativo entre el Gobierno, el sector privado y la sociedad civil será posible construir un sector minero que contribuya verdaderamente al desarrollo sostenible y al bienestar de todos los peruanos.