A casi dos meses de las Elecciones Generales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha identificado un conjunto de riesgos asociados al proceso electoral, entre ellos agresiones a candidatos, desinformación y restricciones al acceso a información electoral. Según la entidad, al menos nueve regiones del país presentan mayores niveles de conflictividad potencial durante el desarrollo de los comicios.
En entrevista con El Poder en tus Manos, Eugenia Fernán, directora nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial del JNE, explicó que el organismo ha elaborado un mapa de riesgo electoral a partir de un análisis técnico que cruza indicadores de conflictividad previa, contexto social e inseguridad ciudadana, incluida la tasa de homicidios en cada región.
Con base en estas variables, el JNE ha identificado como zonas de mayor atención a Lima, Loreto, Cusco, Puno, Áncash, Piura, Arequipa, Lambayeque y La Libertad. Fernán precisó que estos territorios presentan antecedentes de conflictos en procesos anteriores, como las elecciones de 2021, además de factores actuales que podrían derivar en desacuerdos o protestas durante la campaña y la jornada electoral.
Para anticipar y prevenir escenarios de conflicto, el JNE instaló en mayo de 2025 una comisión interinstitucional con la participación de entidades como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y organizaciones de la sociedad civil. Actualmente, funcionan 27 comisiones a nivel nacional, orientadas a coordinar acciones, compartir información y responder de manera temprana a situaciones de riesgo.
La funcionaria señaló que estas comisiones permiten identificar problemas específicos según la realidad de cada región. En zonas amazónicas como Loreto y Madre de Dios, por ejemplo, se trabaja en la adecuación de mensajes informativos para comunidades indígenas, con el fin de promover un voto informado y reducir brechas de acceso a la información electoral.
Fernán advirtió que la desinformación es uno de los principales factores de riesgo detectados. En ese sentido, señaló que las comisiones, integradas por cerca de 300 servidores públicos, priorizan acciones preventivas frente a la difusión de mensajes falsos que puedan afectar la confianza ciudadana en el sistema electoral.
Entre los incidentes recientes, se han reportado agresiones a candidatos en ciudades como Trujillo y Arequipa. En Puno, además, el JNE ha identificado la circulación de mensajes que cuestionan la cadena de custodia de las actas, el conteo de votos y el tratamiento de actas observadas, lo que —según Fernán— genera zozobra y desconfianza en la labor de los organismos electorales.
En el caso de Cusco, la especialista indicó que se han detectado restricciones al acceso a información electoral en zonas rurales y dispersas, lo que limita el conocimiento de los electores sobre los candidatos y el proceso. En la provincia del Santa, en Áncash, se ha observado desconocimiento de los procedimientos para autorizar el uso de espacios públicos durante la campaña, lo que también eleva el riesgo de conflictos.
Finalmente, Fernán informó que el JNE ha elaborado una guía de recomendaciones de seguridad dirigida a los candidatos, con pautas de autocuidado para el desarrollo de sus actividades proselitistas. El documento incluye orientaciones sobre coordinación con autoridades, elección de horarios y lugares, revisión de vehículos y evaluación de riesgos, y se encuentra pendiente de difusión. Además, señaló que se evalúa el uso de chalecos antibalas para el personal del JNE como una medida adicional para preservar su integridad durante el proceso electoral.
