Por primera vez, las exportaciones de oro provenientes de la minería ilegal en Perú están cerca de igualar, e incluso podrían superar, a las exportaciones legales este año si no se implementan controles efectivos, advirtió María Alejandra Ormeño, jefa de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE). Según sus estimaciones, desde 2019 los envíos ilegales se han cuadruplicado, mientras que los legales solo se han duplicado.

Ormeño señaló que esta tendencia preocupa porque las exportaciones ilegales crecerían más rápido que las legales. El IPE proyecta que en 2025 las exportaciones ilícitas de oro podrían alcanzar hasta 12 mil millones de dólares, equivalentes a entre 105 y 115 toneladas. Además, destacó que estas cifras no incluyen el oro que se va por contrabando hacia países como Bolivia, un dato difícil de cuantificar.

El problema no se limita solo al oro. Se han detectado indicios crecientes de minería ilegal de cobre, especialmente en regiones como Puno, donde el número de plantas procesadoras se ha sextuplicado en la última década. En lo que va del 2025, se han registrado mensualmente en promedio 82 nuevas empresas procesadoras y 52 comercializadoras, lo que evidencia una expansión inédita de la cadena informal de suministro.

La minería ilegal representa no solo una amenaza económica, sino también social y ambiental. Está estrechamente vinculada con el crimen organizado, generando un aumento de violencia, extorsiones y homicidios en regiones como La Libertad, Arequipa y Madre de Dios. Estas zonas coinciden con territorios donde la presencia estatal y los servicios básicos son insuficientes, agravando la situación.

Ormeño advirtió que la minería ilegal, junto con el narcotráfico y otras actividades informales, representa aproximadamente el 4% del PBI nacional, superando incluso sectores como el turismo. Por ello, urgió la necesidad de adoptar medidas estructurales, como establecer plazos claros para el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), implementar trazabilidad efectiva del oro y promover alternativas económicas sostenibles para combatir esta problemática.