La producción minera en México registró una caída del 4.3 % durante 2024, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Este descenso representa la contracción más severa del sector en los últimos cinco años, reflejando una preocupante tendencia a la baja luego del estancamiento en 2023 (0.1 %) y un crecimiento limitado de 4.1 % en 2022. La minería, un pilar de la economía nacional, enfrenta hoy una etapa de incertidumbre y debilitamiento.
Este retroceso impacta directamente a miles de trabajadores, a las exportaciones nacionales y a comunidades enteras que dependen de la industria. Expertos coinciden en que sin ajustes urgentes en las políticas públicas y en el marco regulatorio, el panorama podría deteriorarse aún más, agravando los efectos sobre el empleo y la inversión.
Uno de los factores principales señalados por empresarios y analistas es la complejidad del entorno regulatorio. La suspensión de nuevas concesiones desde 2019, así como los prolongados retrasos en los permisos de exploración y operación, han frenado proyectos clave. La Cámara Minera de México (Camimex) advierte que esta incertidumbre jurídica desalienta la inversión y mina la competitividad del país. Como resultado, la inversión minera pasará de USD 5 000 millones en 2024 a solo USD 3 800 millones en 2025.
El contexto económico también ha jugado en contra. El fortalecimiento del peso frente al dólar, conocido como “superpeso”, ha reducido significativamente las utilidades de las empresas exportadoras, al generar un desbalance entre ingresos y costos operativos. Además, la caída en los precios internacionales de metales como el zinc y el cobre ha afectado aún más los márgenes de ganancia del sector.
Las consecuencias sociales son particularmente severas en estados con fuerte presencia minera como Sonora, Zacatecas, Durango y Guerrero, donde la minería representa entre el 40 % y el 60 % de la economía local. La reducción de actividades ha comenzado a traducirse en suspensión de empleos, menor movimiento comercial y caída en la recaudación fiscal. Autoridades locales advierten que esta desaceleración podría revertir años de progreso en infraestructura, salud, educación y empleo formal.
Pese a este contexto adverso, la industria minera ha avanzado en prácticas ambientales. Según Camimex, el 35 % de la energía utilizada por las operaciones ya proviene de fuentes renovables, con una meta del 46 % para 2030. Asimismo, algunas empresas han logrado reciclar hasta el 70 % del agua utilizada en sus procesos. Estos avances requieren inversiones constantes, que podrían estar en riesgo si el marco regulatorio no se moderniza y flexibiliza.
Ante esta situación, diversos actores del sector y expertos coinciden en la necesidad de recuperar la confianza y dinamizar la minería nacional. Para ello, proponen simplificar los procesos burocráticos sin comprometer la sostenibilidad, impulsar la innovación tecnológica y fortalecer la seguridad jurídica. La caída del 4.3 % no solo es una cifra: es una señal de alarma para una industria estratégica que hoy está en pausa, pero que podría ser clave para el futuro económico y social del país.
