Más de una década después del cierre de operaciones de Doe Run Perú, sus extrabajadores siguen esperando el pago de las deudas laborales, que ascienden a S/150 millones. Sin embargo, el proceso de «liquidación en bolsa» permanece estancado a la espera de que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) designe oficialmente a la empresa que liderará la etapa final del proceso.

El grupo de trabajadores, que agrupa a cerca de 3.500 personas, había apelado solicitando que sea una Junta Única de Acreedores la que elija al liquidador, en lugar de recurrir al mecanismo de la bolsa. No obstante, la Comisión de Procedimientos Concursales de la sede central de Indecopi desestimó dicha apelación el pasado 9 de septiembre, despejando así el camino para que el organismo nombre directamente a la entidad liquidadora.

Luis Cuadrado, representante del crédito laboral, advirtió que cualquier designación debe realizarse de forma transparente y sin conflictos de interés. «Si se insiste en la liquidación en bolsa, esta debe estar a cargo de empresas sin vínculos cuestionables que puedan perjudicar los intereses de los trabajadores», enfatizó.

Una vez concretada la designación del liquidador —que se espera entre fines de septiembre y la primera quincena de octubre—, se activaría el proceso de disolución de Doe Run y la liquidación de sus activos. Uno de los hitos pendientes es la liberación de un fideicomiso de US$19,4 millones depositado en una cuenta del Scotiabank. De acuerdo con la Ley General del Sistema Concursal, los créditos laborales tienen prioridad de pago en procesos de esta naturaleza.

Los extrabajadores han denunciado públicamente los constantes retrasos y maniobras que, aseguran, buscan obstaculizar la resolución del caso. En los últimos años, se han movilizado hasta Lima para exigir mayor transparencia al Indecopi y denunciar la exclusión de cinco liquidadores previos, lo que, según Cuadrado, paralizó injustificadamente la fase final del proceso.

Otro foco de tensión es la postura de acreedores como Doe Run Cayman y Depósitos Químicos Mineros (DQM), quienes —según los trabajadores— buscan priorizar el cobro de sus deudas comerciales por encima de las laborales, en contradicción con lo estipulado por la ley. “Indecopi les ha permitido manejar el proceso a su favor durante más de una década”, criticó Cuadrado.

El crédito laboral ha insistido en que se convoque una Junta Única de Acreedores que les permita participar en la elección del liquidador y la aprobación del convenio de liquidación. Sin embargo, esta alternativa parece cada vez más lejana tras la reciente decisión del Indecopi, que ratifica la vía de la liquidación en bolsa.

En paralelo, los trabajadores han expresado su rechazo ante la posible designación de Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C. como liquidadora, por presuntos conflictos de interés. En una carta enviada a la Presidencia del Consejo de Ministros, denunciaron vínculos entre esta empresa y AYS S.A.C., acreedor con derecho a voto en el proceso, así como conexiones de Sonia Alva Rodríguez con exfuncionarios de Indecopi y el estudio jurídico que representa a Doe Run Cayman. “De continuar en esta línea, nos veremos obligados a tomar acciones de protesta en Cobriza y La Oroya”, advirtieron los representantes laborales.