La ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), que permitiría reincorporar a miles de mineros informales, ha generado rechazo en diversos sectores, al considerarse un retroceso en la lucha contra la minería ilegal. Gremios y especialistas advierten sobre posibles impactos ambientales, sanciones comerciales y cuestionamientos legales debido al fracaso del sistema en años anteriores.
La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República aprobó nuevamente la ampliación del REINFO, extendiéndolo hasta el 31 de diciembre de 2027. La decisión se adoptó con 17 votos a favor, tres en contra y una abstención, despertando debate sobre sus consecuencias en la formalización del sector minero.
El sector privado ha manifestado su oposición, señalando que la medida representa un «grave retroceso en la lucha contra la minería ilegal», actividad que se ha consolidado como la principal economía ilícita del país. Según sus críticos, la extensión del Reinfo fomenta la ilegalidad y pone en riesgo tanto la industria minera como las exportaciones peruanas.
Uno de los efectos más inmediatos de mantener este esquema podría ser la imposición de sanciones por parte de la Comunidad Andina (CAN), debido a que contraviene la Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal. La Secretaría General de la CAN advirtió que las prórrogas sucesivas del REINFO han favorecido la expansión de la minería ilegal, debilitando la institucionalidad ambiental y la normativa comunitaria.
Asimismo, se señala que el mantenimiento de este sistema limita la implementación de mecanismos de trazabilidad y control ambiental efectivos. Esta situación podría derivar en restricciones comerciales con los países miembros de la CAN, afectando de manera directa la canasta exportadora del país y las mypes nacionales, que dependen de la estabilidad de los mercados internacionales.
A esta preocupación se suma la postura del Tribunal Constitucional (TC), que ha criticado el «rotundo fracaso del REINFO». El TC instó a que los poderes del Estado se abstengan de aprobar normas que otorguen exenciones de responsabilidad penal, administrativa y civil por delitos ambientales, beneficios actualmente disponibles para los mineros informales acogidos al registro.
El Tribunal Constitucional también recomendó establecer un régimen permanente que regule las actividades de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), en lugar de mantener un proceso de formalización continuo que debería ser excepcional. La intención es garantizar un marco legal sostenible y responsable que no incentive la impunidad.
Ante este escenario, se exhorta al Congreso a no aprobar la propuesta de ampliación del REINFO y, en su lugar, promover una minería artesanal y de pequeña escala que sea formal, sostenible y con altos estándares ambientales, laborales y de seguridad. Asimismo, se invita al Poder Ejecutivo a coordinar esfuerzos interinstitucionales para fortalecer la gobernanza ambiental y erradicar las economías ilegales en sectores como minería, pesca y forestal.
