El gobierno de Panamá ha trazado una postura firme respecto a una posible reactivación del proyecto minero Cobre Panamá: la propiedad de los recursos debe recaer de manera clara e indiscutible en manos del Estado. Esta nueva exigencia redefine los términos de la relación con la empresa canadiense First Quantum Minerals y reabre el debate sobre soberanía, minería y gestión responsable de los recursos naturales.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, subrayó que cualquier acuerdo futuro debe dejar explícito que el yacimiento y los minerales extraídos pertenecen a la República de Panamá. “Estamos exigiendo que se deje claramente establecido que los recursos, el suelo y el subsuelo son propiedad del Estado panameño”, afirmó, marcando una diferencia respecto al marco legal anterior.

Cobre Panamá es considerado uno de los proyectos mineros más importantes de América Latina. En su etapa operativa, representaba más del 5 % del PIB panameño y cerca del 1,5 % de la producción global de cobre. La operación fue suspendida en diciembre de 2023, luego de que la Corte Suprema declarara inconstitucional el contrato-ley que lo sustentaba, en medio de una fuerte presión social y protestas nacionales.

El cierre tuvo un impacto económico profundo. Según datos oficiales, el PIB cayó un 6,5 % en el primer trimestre de 2024 debido a la paralización del proyecto. Además, se registraron pérdidas fiscales significativas y la eliminación de miles de empleos tanto directos como indirectos, afectando a comunidades enteras y al tejido económico del país.

Desde el lado empresarial, First Quantum enfrenta su propia crisis. La mina representa cerca del 40 % del flujo de caja operativo de la compañía, que ha invertido más de 6.000 millones de dólares en el proyecto. Aunque la empresa ha manifestado su voluntad de dialogar, aún no ha aceptado las condiciones de soberanía que plantea el gobierno panameño.

La intención de asegurar la propiedad estatal de los recursos no es nueva en la región, pero adquiere un carácter estratégico en el caso panameño. A diferencia de modelos más flexibles como los de Chile o Perú, Panamá busca establecer un esquema de mayor control sobre sus materias primas, incluyendo posiblemente una participación directa en los beneficios generados.

Chapman también se refirió a la evolución de la percepción ciudadana. Mientras que en medio de la crisis el rechazo social al proyecto superaba el 80 %, hoy esa cifra ronda el 50 %. Para el gobierno, este cambio indica que una parte de la población estaría dispuesta a reconsiderar la reactivación, siempre que se haga bajo condiciones más equitativas y transparentes.

La administración actual, que asumió en julio de 2024, se ha comprometido a no depender fiscalmente del proyecto hasta que exista certeza jurídica y social sobre su futuro. Paralelamente, busca reconstruir la legitimidad del proceso, incorporando temas antes relegados como regalías, normas ambientales, participación comunitaria y mecanismos efectivos de resolución de conflictos.

Más allá del impacto local, el proyecto tiene implicaciones geopolíticas. El cobre es esencial para tecnologías de transición energética, lo que convierte a Cobre Panamá en un activo estratégico observado de cerca por actores como Estados Unidos, China y la Unión Europea. En este contexto, el reto de Panamá es mayor: no solo lograr un acuerdo justo, sino también sentar un precedente regional sobre cómo equilibrar inversión extranjera, soberanía nacional y bienestar social.