El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, informó que solo el 4 % de los mineros cuyos plazos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) vencieron el 30 de junio de 2025 han presentado recursos de reconsideración ante su cartera o el Consejo de Minería. Esta baja proporción, según señaló, refleja que el proceso se está desarrollando conforme a la normativa vigente y con claridad para los involucrados.

Durante su participación en el Simposio Internacional de Innovaciones Tecnológicas Mineras, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Montero destacó que el resultado es señal de que se está aplicando correctamente la ley. “Si fuera 20 % estaría preocupado; si fuera 50 %, renuncio. Pero es 4 %, gol. Pusimos el ojo en el sitio correcto y la bala en el sitio correcto”, expresó.

La finalización del proceso de formalización alcanzó a 50,565 titulares mineros, tal como lo establece la Ley 32213, vigente desde el año pasado. En ese sentido, el ministro recalcó que no se trata de exclusiones arbitrarias, sino del cumplimiento de un marco legal con plazos establecidos. “Este Gobierno incluso otorgó una prórroga única en casos especiales, conforme a la ley. Nadie fue dejado de lado sin justificación”, afirmó.

En paralelo, Montero anunció que 31,560 mineros inscritos en el Reinfo han sido beneficiados con una extensión excepcional hasta el 31 de diciembre de 2025. Esta medida permitirá que concluyan su proceso de formalización y representa un alivio para una población laboral estimada en 1.5 millones de personas, en su mayoría vinculadas a la pequeña minería y minería artesanal.

“No hablamos solo de cifras, sino de personas que merecen trabajar con dignidad. Jóvenes sin seguro, sin condiciones mínimas de seguridad, sin estar en planilla. Este esfuerzo también es por ellos”, sostuvo. Enfatizó que el proceso de formalización tiene un fuerte componente humano y busca corregir años de precariedad en el sector.

El ministro señaló que formalizar no es solo una cuestión regulatoria, sino una herramienta para garantizar derechos laborales, acceso a servicios de salud y estabilidad legal para miles de trabajadores del sector. “No podemos seguir permitiendo que haya trabajadores sin nombre ni derechos. Integrarlos al sistema es una prioridad de justicia social”, manifestó.

Además, indicó que el proceso de formalización abre nuevas oportunidades: desde inclusión financiera hasta acceso a mercados internacionales y mejoras en gestión ambiental y seguridad. “Es un trabajo de largo plazo, pero ya estamos viendo avances. Menos conflictos, más orden y un sector más justo y competitivo”, concluyó Montero.