El proceso de liquidación de Doe Run Perú vivirá un nuevo capítulo este miércoles 12 de noviembre, cuando se reúna la Junta de Acreedores. En la antesala de esta sesión, los extrabajadores de la empresa minera exigieron al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) que designe un liquidador de forma imparcial, o que sean los propios acreedores quienes lo elijan.
“Denunciamos que Indecopi está actuando para bloquear las acciones de los trabajadores que buscamos una solución para todos los extrabajadores”, señalaron los representantes del crédito laboral. La Comisión de Procedimientos Concursales de Indecopi decidió enviar el caso a Bolsa de Liquidación, tras más de 14 años de deudas impagas que afectan a 3.500 trabajadores y sus familias.
A lo largo del proceso, Doe Run Perú ha pasado por seis entidades liquidadoras: Right Business, Profit, Dirige, Carrizales, Alta Sierra y Consultores A-1. Esta última fue suspendida de su registro en diciembre de 2024 y nuevamente en noviembre de este año, según el Registro de Entidades Liquidadoras de Indecopi. La reiteración de estos cambios ha generado incertidumbre entre los acreedores y retrasado la solución definitiva del proceso.
Uno de los puntos más esperados en la liquidación es la liberación del fideicomiso de US$19,4 millones, actualmente depositado en una cuenta del Scotiabank. De acuerdo con la Ley General del Sistema Concursal, las deudas laborales tienen prioridad en el pago. Sin embargo, aún no se ha ejecutado ningún desembolso efectivo para los extrabajadores.
Las disputas económicas continúan. Los trabajadores reclaman una deuda superior a S/151 millones, mientras que la empresa Depósitos Químicos Mineros (DQM), vinculada al grupo Odfjell Terminals, exige S/55 millones. A esto se suman compromisos pendientes con el fisco por más de S/52 millones, además de obligaciones con las administradoras de fondos de pensiones (AFP).
A los conflictos económicos se suman tensiones internas. Un sector de los acreedores laborales acusa a los dirigentes reconocidos por el Ministerio de Trabajo, y vinculados a Consultores A-1, de no haber sido elegidos democráticamente y de buscar favorecer solo a un grupo reducido.
Por su parte, Luis Cuadrado y Elvis Yupanqui afirmaron que son los representantes legítimos y advirtieron que existe una facción que pretende sorprender a las autoridades. “La participación y votación en la Junta deben realizarse mediante los delegados formalizados, cuyas facultades están plenamente vigentes”, precisaron ambos dirigentes.
Cuadrado también denunció que el congresista Waldemar Cerrón estaría promoviendo una mesa técnica sin incluir a los representantes legales de los trabajadores. “No hemos sido notificados de esa convocatoria. Cualquier otra representación carece de validez y no refleja la voluntad de los más de 3.500 acreedores”, enfatizó. La próxima sesión de la Junta de Acreedores, el 12 de noviembre, será clave para definir tres temas centrales: la salida de Consultores A-1, la elección del nuevo liquidador y la aprobación del convenio correspondiente.
