El Programa Presupuestal 0128, destinado al control de la minería ilegal, pasará de S/70 millones en 2025 a S/177,8 millones en 2026. Aunque el incremento parece significativo, la mayor parte de los recursos vuelve a concentrarse en operativos policiales y militares, mientras que instituciones clave como la Fiscalía no reciben presupuesto adicional. Expertos advierten que este enfoque refuerza una estrategia centrada en interdicciones y no en inteligencia ni formalización, los dos componentes esenciales para frenar la expansión de las mafias que ya dominan amplias zonas del país.

Según la propuesta del Gobierno, el presupuesto del PP 0128 aumentará un 153% respecto de 2025, y un salto aún mayor si se compara con el PIA 2024. Es, en apariencia, el impulso más grande de los últimos años. Sin embargo, la revisión sector por sector evidencia un reparto altamente desequilibrado, con Interior y Defensa concentrando el 97% del total para reforzar logística, transporte, vigilancia, combustible y operaciones conjuntas.

Mientras tanto, el Programa 0126 de Formalización Minera, considerado la única vía sostenible para reducir la ilegalidad, se reduce a S/13,7 millones, una caída del 11,26%. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, esencial para la judicialización de delitos, tampoco recibe recursos nuevos para 2026, pese a seguir registrada como actor del producto “Acciones de Control de la Minería Ilegal”. Para especialistas en seguridad y política pública, esta ausencia de presupuesto perpetúa un vacío crítico en la lucha contra las organizaciones criminales.

El criminólogo Nicolás Zevallos señala que el aumento presupuestal reproduce una lógica inercial: si los recursos anteriores no generaron resultados contundentes, incrementarlos sin modificar la estrategia no cambiará el escenario. Según advierte, sin fortalecer la capacidad investigativa y judicial, los esfuerzos represivos quedan incompletos y no logran desarticular a los líderes criminales detrás del negocio.

El diseño del PP 0128 se centra casi exclusivamente en acciones de interdicción, patrullaje y control territorial. No obstante, especialistas sostienen que la minería ilegal funciona bajo estructuras criminales sofisticadas, con redes de lavado de activos, financiamiento, logística y mecanismos propios de inteligencia, lo que exige un enfoque integral que vaya más allá de la destrucción de maquinaria en campamentos clandestinos.

El investigador Dante Vera Miller asegura que el Estado sigue apostando la mayor parte de su capacidad operativa a interdicciones, cuando debería priorizar la inteligencia financiera y criminal, así como el fortalecimiento de la Fiscalía y el Poder Judicial. Sin estos componentes, sostiene, la política pública queda reducida a acciones temporales sin impacto en el largo plazo. Para él, enfrentar a las redes criminales sin equipos especializados equivale a “combatir a ciegas”.

Vera recuerda que la minería ilegal dejó hace años de ser un fenómeno aislado o artesanal. Hoy se trata de un negocio de gran escala asociado a delitos como trata de personas, sicariato, tráfico de insumos y corrupción en distintos niveles del Estado. Estas organizaciones disponen de recursos millonarios para comprar maquinaria, mover personal, adquirir armas y sobornar autoridades, mientras el Estado —según sus cálculos— invierte menos del 5% de lo que destinan las mafias para mantener su dominio territorial.

Debido a esta asimetría, los campamentos reaparecen rápidamente tras los operativos, los mineros ilegales cambian de zona con facilidad y las estructuras criminales continúan expandiéndose hacia regiones como Madre de Dios, Puno, Amazonas, Pataz, La Rinconada y zonas de frontera. En este escenario, la falta de presupuesto para la Fiscalía dificulta la desarticulación de estas redes, pues la judicialización queda prácticamente paralizada.

La ausencia de recursos también limita la capacidad de financiar peritos, equipos especializados, unidades de inteligencia financiera, protección de testigos y laboratorios, elementos indispensables para sustentar investigaciones sólidas. Como resultado, miles de expedientes terminan archivados por falta de pruebas o incapacidad de llegar a las zonas donde operan las organizaciones criminales, un problema que los fiscales han denunciado por años sin obtener respuesta.

La exfiscal Karina Garay, actualmente vocera del Observatorio de Minería Ilegal, sostiene que la falta de financiamiento para el Ministerio Público es histórica. Recuerda que durante el operativo Mercurio, en Madre de Dios, los fondos prometidos nunca llegaron, afectando incluso gastos básicos como pasajes y logística. A su juicio, el Estado continúa sin comprender que un fiscal ambiental trabaja directamente en campo, expuesto a riesgos y enfrentando estructuras criminales altamente organizadas.

Garay advierte además que la sobrecarga del PP 0128 obliga a policías y fiscales a atender incluso zonas donde existe minería autorizada, como Pataz, pero que hoy se encuentran controladas por mafias debido al colapso del Registro Integral de Formalización Minera. Para ella, el REINFO se ha convertido en un mecanismo que perpetúa la informidad, pues permite operar sin sanciones administrativas ni penales a miles de mineros inscritos.

La falta de inversión en formalización es otro punto crítico. Más de 32.000 expedientes permanecen sin resolver por falta de personal técnico en regiones, ausencia de ingenieros, abogados, equipos de campo y capacidad operativa para emitir certificaciones. Vera sostiene que la formalización es la única estrategia capaces de reducir la minería ilegal de forma sostenible, pero sin presupuesto adecuado se continúa repitiendo el ciclo de interdicción seguido de reocupación.

Los expertos también subrayan que la expansión de la minería ilegal implica riesgos de captura del Estado. Según Vera, estas mafias financian campañas políticas, capturan autoridades locales, infiltran instituciones y generan redes de protección criminal. En un contexto electoral, la falta de inteligencia, justicia y control territorial podría abrir la puerta a escenarios de mayor inestabilidad en los próximos años.

Para que el presupuesto tenga un impacto real, Vera identifica cuatro prioridades: financiar a Fiscalía y Poder Judicial, crear unidades de inteligencia financiera y criminal, impulsar la formalización con recursos reales y fortalecer gobiernos regionales y locales, muchos de los cuales carecen incluso de movilidad básica o laboratorios. Sin estos elementos, afirma, la estrategia es incompleta.

Garay coincide en que el Perú necesita un cambio estructural. Señala que la intervención estatal debe incluir no solo represión, sino alternativas económicas reales para poblaciones vulnerables que migran hacia zonas mineras debido a la falta de oportunidades. Enfatiza que, sin políticas sociales complementarias, cualquier esfuerzo represivo quedará nuevamente reducido a medidas temporales sin impacto de fondo.