La iniciativa legislativa que propone imponer plazos y sanciones a las concesiones mineras calificadas como “improductivas”, e incluso transferir su administración al Estado, ha encendido alertas entre especialistas del sector. Expertos advierten que una medida de este tipo podría erosionar la seguridad jurídica, desalentar la inversión minera formal y abrir espacios para actividades ilegales.

Guillermo Shinno, exviceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas (Minem), cuestionó el concepto mismo de “concesión improductiva”, al considerar que desconoce la naturaleza técnica y de largo plazo de la minería. Explicó que un proyecto no entra en producción de manera inmediata, sino que requiere extensas campañas de exploración, estudios de factibilidad y procesos que pueden tomar más de una década.

Shinno subrayó que uno de los principales cuellos de botella para el desarrollo minero es el propio Estado, debido a la lentitud y falta de previsibilidad en los permisos. En ese sentido, advirtió que plantear la caducidad de concesiones por supuesta improductividad parte de un diagnóstico errado o responde a intereses distintos al desarrollo del sector.

Desde una perspectiva similar, Luis Humberto Chirif, expresidente del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), coincidió en que la minería opera por etapas y que periodos dedicados a trámites, financiamiento o rediseño de proyectos no implican ausencia de gestión. Alertó además sobre el riesgo de generalizar realidades distintas bajo una sola etiqueta normativa.

Chirif también cuestionó la idea de que el Estado administre concesiones o recorte extensiones para redistribuirlas, al considerar que incluso el anuncio de ese tipo de medidas afecta la confianza de los inversionistas. Ambos especialistas coincidieron en que debilitar la seguridad jurídica no solo compromete nuevas inversiones, sino también el desarrollo futuro del país y su capacidad de generar proyectos mineros de gran escala que aporten al fisco.