El abogado y miembro del Observatorio de Minería Ilegal, César Ipenza Peralta, cuestionó las propuestas de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez para enfrentar la minería ilegal en el país. El especialista consideró que tanto Fuerza Popular como Juntos por el Perú carecen de medidas concretas y mantienen una posición permisiva frente a la informalidad minera.

Durante una entrevista en el programa “Ampliación de Noticias”, Ipenza señaló que existe una relación política entre las zonas con mayor presencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y el respaldo electoral obtenido por Juntos por el Perú. Según explicó, varias regiones con alta concentración de registros mineros informales coinciden con áreas donde dicha agrupación logró mayor votación.

El especialista también sostuvo que el Congreso ha respaldado reiteradamente iniciativas orientadas a beneficiar a mineros informales e ilegales. En ese sentido, afirmó que distintas bancadas políticas han promovido medidas vinculadas a la ampliación de procesos de formalización sin establecer controles más estrictos.

Asimismo, cuestionó el respaldo brindado por Fuerza Popular a algunas de estas iniciativas pese a su experiencia política. Según indicó, la agrupación habría buscado captar el apoyo de sectores vinculados a la minería informal, aunque consideró que dicha estrategia no generó resultados concretos.

Respecto a las propuestas de gobierno, Ipenza señaló que el plan de Fuerza Popular presenta un mayor desarrollo en comparación con otras agrupaciones, al plantear un nuevo marco jurídico e incluso un nuevo código minero. Por su parte, indicó que Juntos por el Perú propone reducir el tiempo de vigencia de concesiones mineras consideradas ociosas.

Sin embargo, advirtió que ninguna de las propuestas aborda de manera directa aspectos fundamentales para combatir la minería ilegal. El abogado remarcó que no se precisan mecanismos para fortalecer las capacidades del Estado ni se plantean mayores recursos para las entidades encargadas de enfrentar estas actividades ilícitas.

En ese contexto, criticó la falta de presupuesto destinado a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. Explicó que, aunque la partida presupuestal 128 contempla recursos para instituciones como la Policía y la Marina, no asigna fondos específicos al Ministerio Público, situación que —según indicó— limita las acciones de interdicción contra la minería ilegal.

Finalmente, Ipenza cuestionó que ninguna de las agrupaciones proponga el cierre definitivo del Registro Integral de Formalización Minera. A su juicio, esto evidencia que el proceso de formalización minera continuará prolongándose, manteniendo abiertas las condiciones para la continuidad de la informalidad y las actividades ilegales vinculadas al sector minero.