Claudia Cooper – Presidenta de Perumin 35
Así, hemos pasado por propuestas para incrementar los impuestos mineros, sin debatir cómo mejorar la institucionalidad para el adecuado uso de estos recursos ni dimensionar el impacto de esta iniciativa sobre la competitividad del país.
También hemos sido testigos de medidas sin una adecuada reflexión, diálogo, ni conocimiento profundo del funcionamiento de la actividad productiva. Una de estas es la norma que regula la contratación de servicios de tercerización, siendo este un mecanismo basado en un adecuado entendimiento del funcionamiento del sector minero y por ello aplicado en todos los países que han llevado una minería exitosa a todo nivel.
Adicionalmente el sector fue víctima del anuncio arbitrario de cierre de cuatro minas en Ayacucho y también de una retórica antiminera por parte importante del oficialismo.
Son episodios que aportan poco al desarrollo de una industria que, pese a sus desafíos, es la mejor carta que tenemos los peruanos para generar inversiones de talla mundial, fomentar el ingreso de divisas, potenciar el empleo en zonas altoandinas y reactivar el comercio regional.
Y es que frente a un clima de inestabilidad social, inflación creciente, y en el marco de una crisis alimentaria, no hay otra actividad productiva que tenga la capacidad de potenciar cadenas de desarrollo en beneficio de miles de personas. Es decir, para poder financiar cualquier estrategia de desarrollo viable y sostenible para nuestro país.
En la actualidad, a pesar de las enormes falencias institucionales, cientos de pequeñas y medianas empresas (muchas de ellas en zonas remotas de la sierra) vienen realizando actividades para las empresas mineras y existiendo gracias a ellas, y que constituyen el capital para un desarrollo empresarial vigoroso que genere empleo adecuado en el largo plazo.
A todo lo mencionado, se suma el alto nivel de rotación en el Ejecutivo. Específicamente en el Minem, el cambio ininterrumpido de funcionarios ha impedido consolidar una mínima estrategia de trabajo. Recordemos que el Minem, así como las dependencias sectoriales, son el soporte técnico que requiere la industria para un desarrollo sostenible.
Por lo tanto, es necesario garantizar que cuente con personal calificado y no con funcionarios colocados por afinidades políticas o personales.
Precisamente, es capacidad técnica la que se necesita para ejecutar los U$S 53,000 millones en inversión minera, para potenciar las actividades de exploración, para garantizar mejores prácticas ambientales y prevenir la conflictividad social. Lo experimentado por Las Bambas, Cuajone y Los Chancas viene siendo muestra de que hay que enrumbarnos mejor y apostar por la buena carta que tiene el país, gracias a sus recursos minerales.
Actualmente, frente a la conflictividad, muchas empresas locales temen desaparecer, poniendo en riesgo los puestos de trabajo de miles de personas y, peor aún, la esperanza de un futuro más prometedor.
