Las economías ilegales se han convertido en uno de los principales desafíos económicos y de seguridad para el Perú. Actividades como la minería ilegal, el narcotráfico, el contrabando y la tala ilegal habrían generado en 2024 más de US$10.000 millones en ventas, siendo la minería ilegal responsable de cerca de tres cuartas partes de ese total.
El avance de estas actividades ilícitas también se refleja en el comercio del oro. Para 2025, las exportaciones de oro ilegal habrían superado los US$11.500 millones, lo que representa un aumento de 55 % respecto al año previo y un volumen similar, en toneladas, al del oro legal exportado. Este crecimiento ha estado vinculado al fortalecimiento de redes criminales que agravan los problemas de seguridad en distintas regiones del país.
Frente a este escenario, la mayoría de los partidos políticos plantea respuestas centradas principalmente en medidas punitivas. De los 35 planes de gobierno analizados, 27 proponen estrategias de interdicción o fiscalización contra la minería informal e ilegal. Sin embargo, son pocas las iniciativas que abordan el problema de manera preventiva o que consideran toda la cadena de valor del oro.
Uno de los aspectos clave es la trazabilidad del mineral para evitar que el oro de origen ilegal ingrese a los circuitos formales. No obstante, solo 18 partidos incluyen propuestas para mejorar este sistema de control. Asimismo, aunque 15 agrupaciones plantean mecanismos para avanzar en la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala, únicamente seis partidos —Partido Morado, Somos Perú, APRA, Fuerza y Libertad, Perú Acción e Integridad Democrática— proponen eliminar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) o establecer plazos límite claros para su cierre.
Las propuestas también son limitadas en otros frentes. Solo cinco partidos plantean fortalecer la coordinación entre las instituciones públicas encargadas de combatir la minería ilegal, cuatro proponen impulsar alternativas de desarrollo económico en las zonas afectadas y apenas uno plantea reforzar la presencia del Estado y la provisión de servicios básicos en territorios vulnerables.
En materia de seguridad ciudadana, la preocupación también ha crecido de manera significativa. En los últimos cinco años, las denuncias por extorsión se han multiplicado por diez y la inseguridad se ha consolidado como el principal problema para la población. En respuesta, 34 planes de gobierno incluyen propuestas que van desde la construcción de más cárceles y el endurecimiento de penas hasta el uso de nuevas tecnologías como inteligencia artificial o drones para vigilancia.
Sin embargo, uno de los principales desafíos sigue siendo la falta de coordinación entre instituciones como la Policía Nacional, la Fiscalía y el Poder Judicial. Aunque 22 partidos proponen desarrollar sistemas de información compartida, son pocos los que articulan un conjunto integral de medidas para fortalecer esta coordinación. En un contexto de expansión del crimen organizado y de las economías ilegales, especialistas advierten que el país requiere estrategias más completas para enfrentar estos problemas y evitar que continúen afectando el desarrollo nacional.
